Las dos orillas

 

Por Adolfo Ulises León                                                                                                Facultad de Derecho, UNAM


 
A Teresa Obregón, por encontrarnos 

A manera de presentación:

Las historias al calor de las hogueras y las normas que castigan acompañan al ser humano desde las cavernas. Y aunque la relación entre Derecho y Literatura fue, es y seguirá siendo estrecha, parece que, al menos en la vida estudiantil, son irreconciliables. También es cierto que en nuestros días, los institutos de investigaciones jurídicas y filológicas dedican muchos ensayos al respecto y el tema inquieta de tal modo al sistema jurídico anglosajón que, en universidades como Harvard, Yale y Oxford, la materia ‘Derecho y Literatura’ se ha incluido dentro de los planes de estudios en la carrera de Leyes[1]. Sin duda, en estos tiempos donde la eficiencia determina la formación de los juristas, es de suma importancia que el abogado humanista gane terreno frente al abogado científico. Y es precisamente esta idea, una preocupación estudiantil respecto a la relación Derecho y Literatura, la que nos mueve a crear la Revista Estepario.

Mario Vargas Llosa en su ensayo ‘Un mundo sin novelas’ dice que la Literatura “es la gran acusación de cómo las sociedades a lo largo de los siglos han sido incapaces de aplacar en forma definitiva los sueños, las ilusiones, los rencores y las frustraciones de los seres humanos”. Así, podemos entender la Literatura como un acto de inconformidad. Aquél que se encuentra satisfecho con lo que es y con lo que ve a su alrededor, no siente la necesidad de fantasear vidas distintas a la suya. En las grandes novelas y cuentos encontramos lo que los individuos de épocas y lugares remotos quisieron ser y no fueron, en gran parte, por ese sentimiento culposo de permanecer en todo momento ante las puertas de la Ley. Es aquí, como propone Claudio Magris[2], donde ubicamos el rechazo generalizado de la Literatura a la Ley y su afinidad con el Derecho Natural: la búsqueda de valores universales.

Ahora ¿es realmente imprescindible la Literatura para la formación de los abogados?

El Derecho del año 2014 es un Derecho que incumple con su función social: no genera bienestar y no legitima a los poderes que lo crean, ejecutan o interpretan. Las leyes, cada día más enredadas, dificultan a los no abogados el reclamo de sus derechos y los excluyen de las discusiones técnicas de los problemas políticos y sociales. Contra esta especialización, de la que también forman parte la Filosofía, la sociología o la ciencia política, sólo la Literatura es capaz de devolverle al estudiante una visión totalizadora de la vida, de generarle empatía frente al otro enriqueciendo su experiencia para que, en situaciones de la vida real, lo piense dos veces antes de cometer una inequidad o una traición a sí mismo.

I

El siguiente texto pretende trazar el recorrido que Derecho y Literatura mantuvieron desde las primeras universidades hasta establecer el punto en que se separaron.

Desde la Universidad de Bolonia, la formación de los juristas no podía entenderse sin el estudio de los textos clásicos, la Literatura, la Filosofía, la Teología e Historia vertebraban al Derecho. Era esta la idea de ‘Libertad’ que pregonaba el humanismo: hacer del hombre el centro de estudio no implica que éste se mantenga estático, todo lo contrario, el hombre debe ser libre de desplazarse por todos los campos del conocimiento para que pudiera llegar a entenderse a sí mismo, a los demás y a lo que lo rodea[3]. Ejemplo de ello son Petrarca y Bocaccio.

Alfonso X, ‘El Sabio’, siguió la imagen de Bolonia para crear la Universidad de Salamanca (de la cual egresaron como juristas Bartolomé de las Casas, Luis de Góngora, Calderón de la Barca, Fernando de Rojas) y, cuando en 1536, Fray Juan de Zumárraga solicitó a los reyes españoles la fundación de una universidad en la Nueva España, la respuesta de Carlos V fue que ésta se erigiría sobre los estatutos de la Universidad de Salamanca.

Lo cierto es que en sus trescientos años de vida, sujeta a una supervisión permanente del Papa y la Inquisición, la Real y Pontificia Universidad de México no estuvo destinada a ser un centro de humanismo; por el contrario, en lo que respecta a la licenciatura en Cánones y Leyes, quienes estudiaban eran grupos de criollos con aspiraciones para alcanzar status y una posición en la Real Hacienda, la Real Audiencia, en el cabildo de Catedral, en los tribunales eclesiásticos o como corregidores[4]. Sus estudios –inclinados al Digesto, las Instituta de Justiniano, Clementinas y bulas papales– duraban cinco años y consistían en cuatro materias: Instituta, Prima y Víspera de Código, y Cánones; se impartían en latín y como requisito previo a la licenciatura se requería cursar el bachillerato en Artes que comprendía, al estilo medieval, el Trivium (Gramática, Retórica y Dialéctica) y el Cuatrivium (Aritmética, Geometría, Astronomía y Música).[5]

No quiero decir que las ideas del Renacimiento y posteriormente de la Ilustración no llegaran a la Nueva España, sino que el hecho de encontrarlas en las aulas de la Universidad iba contra toda lógica. Una posición conservadora y monárquica caracterizó siempre a la Real y Pontificia Universidad; ejemplo de ello fue que en 1808 cuando Napoleón invadió España, el entonces rector Matías de Monteagudo en señal de reciprocidad organizó una colecta entre la comunidad estudiantil y académica para sufragar los gastos de la guerra.

 II

Es el año de 1833, un decreto publicado el día 19 de octubre por el Vicepresidente Valentín Gómez Farías suprime la Real y Pontificia Universidad de México y establece la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales. A partir de ahora, la Escuela de Leyes cambiará su domicilio al Colegio de San Ildefonso y sus asignaturas serán las siguientes: dos cursos de Latín, Ética, Gramática, Derecho Natural y de Gentes y Marítimo, Derecho Político Constitucional, Derecho Canónico, Derecho Romano, Derecho Patrio, y Retórica[6].

El hecho cobra trascendencia cuando miramos con detenimiento cómo se pretendía formar a los estudiantes de Derecho en el país. Se trata de un punto medio en la relación Derecho y Literatura.

Por supuesto, no hay manera de comprobar que aquellos estudiantes de la primera mitad del siglo XIX fueron más comprometidos, más éticos, pero su formación sí fue más completa. Inevitablemente el estudio del latín desembocaba en los textos clásicos y, con ellos, en las grandes obras de la Literatura. La retórica les facilitaba el manejo del discurso, incrementaba su capacidad de argumentación; y la gramática perfeccionaba su redacción. No es casual que gran parte de los escritores y reformadores decimonónicos y de principios del siglo XX fuesen egresados de Derecho. Por citar algunos nombres: Ignacio M. Altamirano, Ponciano Arriaga, Gabino Barreda, Antonio Caso, Justo Sierra, Ignacio Ramírez, Jaime Torres Bodet, Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo, Ramón López Velarde, Manuel José Othon.

Este fenómeno ocurrió en toda Europa, la especialización en los estudios profesionales aún no despuntaba y la carrera de Derecho era afín para aquellos con vocaciones literarias. Los grandes deicidas, Balzac, Dostoievski, Tolstoi, Flaubert, Sthendal, Dickens, estudiaron Derecho.

III

 El decreto del 19 de octubre de 1833 sólo duró diez meses y, durante 37 años, las reformas a los planes de estudio de Derecho variaban en una u otra materia e incrementaban los años para graduarse. Las reformas juaristas, la fuerte influencia del positivismo y los movimientos de Codificación terminaron por dar otra dirección al estudio del Derecho en los años venideros.

Restaurada la República, Juárez pugnó por dotar al sistema jurídico mexicano de una normatividad propia. En un discurso pronunciado el 15 de diciembre de 1870, resaltó los beneficios de racionalizar y sistematizar al Derecho mediante un Código, en armonía con las necesidades de la época y que aligeraría a la profesión de una “voluminosa, confusa y anticuada legislación”. A Lerdo de Tejada le correspondió culminar el proyecto juarista: el 25 de septiembre de 1873 se promulga la Ley de Adiciones y Reformas con la que el Estado recuperó la rectoría de la educación.

El positivismo ganó terreno durante el último cuarto del siglo XIX. La ciencia como base de la educación repercutió en la facultades de Derecho: se abandonó el estudio del latín, de la retórica, de la gramática, del corpus colonial, y comenzó la transición del Derecho Natural al positivismo.

Hasta entonces, en los litigios judiciales, los abogados “debían buscar la luz en el enmarañado laberinto de la legislación colonial y el derecho romano, así como en la nebulosa de tratadistas. Desarrollar una capacidad para conciliar principios y opiniones era una habilidad que el abogado debía dominar. Con el advenimiento de la codificación el abogado debía convertirse en un perito de la ley”[7]. José Luis Soberanes dice que una de las consecuencias del positivismo en los estudiantes fue el hecho de intentar almacenar en la memoria el contenido de todas las leyes vigentes para después aplicarlas al caso concreto en una serie de ejercicios hermenéuticos; frente a esta manera de estudiar al Derecho se desvaneció el criterio jurídico[8]. El Derecho se redujo a la Ley.

 


[1] http://www.law.harvard.edu/academics/curriculum/catalog/index.html?o=65681
[2] Claudio Magris, Derecho y Literatura. Ante la ley, Sexto Piso, México, 2008
[3] Juliana González, Universidad y humanismo, UNAM, 2003. p 44
[4] González González Enrique, Mecenazgo y Literatura, Carrera, linaje y Patronazgo, UNAM, Plaza y Valdés, 2004, México, p.19
[5] Mendieta y Núñez Lucio, Historia de la Facultad de Derecho, UNAM, México, 1997, p.38
[6] Secretaría de Educación Pública, “Leyes y Reglamentos para el arreglo de la Instrucción Pública enel Distrito Federal, Publicado en Diario Oficial de la Federación el 26 de Octubre de 1833”, http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-0bb4884af388/ley_26101833.htm
[7] Formación y discurso de los juristas, Juan Ricardo Jiménez Gómez, Universidad Autónoma de Querétaro y Miguel Ángel Porrúa, México, 2008 p. 26
[8] Soberanes Fernández José Luis, Historia del sistema jurídico mexicano, 1ra edición, IIIJ UNAM, México, 1990, p.10