Derecho y opinión pública

Adolfo Ulises León López
Facultad de Derecho, UNAM

 

El monopolio de la opinión pública

De 2005 a 2011, los hogares mexicanos se acostumbraron a recibir en sus televisores a un joven y entusiasta gobernador mexiquense. Hoy, concedía una entrevista en El Noticiero, mañana anunciaba la construcción de carreteras en Primero Noticias, y por las tardes los programas de espectáculo echaban leña a su romance. Su imagen parecía rodeada de un aura de éxito y confianza; los deslices en su administración, que no fueron pocos —el caso Atenco o el de la niña Paulette, por ejemplo— parecían resolverse de manera misteriosa y desaparecían en la volatilidad de la información. Por eso, cuando el 08 de junio de 2012 la periodista británica Jo Tuckman publicó en The Guardian un reportaje titulado Computer files link TV dirty tricks to favourite for Mexico presidency[1], en el que describe las relaciones que mantuvo el gobierno del Estado de México y Televisa para posicionar a Enrique Peña Nieto de cara a la elección presidencial de 2012, era ya demasiado tarde: el mexiquense había echado raíces en la opinión pública.

En dicho reportaje, la cantidad de 740 millones de pesos, durante el primer año, sería suficiente para insertar publicidad bajo el disfraz de “noticias”, entrevistas e informes dentro de los espacios noticiosos y de espectáculos de la televisora, así como asesoría de imagen tanto del gobernador como de su equipo de trabajo. Aunque algunos medios nacionales ya habían dado seguimiento al asunto, entre ellos el semanario Proceso[2] y el espacio radiofónico de Carmen Aristegui, fue con el reportaje en The Guardian cuando la noticia tomó dimensiones internacionales y, en pleno cierre de campaña, puso en crisis al PRI y a la televisora.

Después de Berlusconi, el caso Peña Nieto es el que mejor ejemplifica a una sociedad teledirigida[3], es decir, un gobierno de la imagen, donde la televisión determina cómo los gobernados conocemos la política y cómo los políticos se comportan. No sólo eso, es el resultado de la poca preocupación que los dos gobiernos de la “alternancia” tuvieron con los problemas de información y opinión pública. Contrario a su compromiso con la democracia —generar condiciones de competencia en radiodifusión y garantizar los derechos de las audiencias—, los panistas cayeron en el juego de reality show y terminaron por invertir los papeles: el poder político se supeditó a los intereses de la televisoras.

Con la llegada de Vicente Fox, “el autoritarismo se fragmentó para refugiarse en los poderes estatales de los gobernadores o en poderes salvajes, sin contrapeso alguno, de estructuras al margen de toda legalidad, como el crimen organizado y sus cotos, o sobrevivientes del viejo sistema, como Televisa”[4]. El primer gesto de contubernio que tuvo el guanajuatense con las televisoras fue el Decreto de 10 de octubre 2002[5], por el que se redujo el pago de los concesionarios por concepto de Derechos (utilización del espacio radioeléctrico) del 12.5% al 1%: de 180 minutos diarios a sólo 18. Luego vino la reforma al art. 46 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión por el que se permitió la programación de infomerciales en cualquier horario. Finalmente llegó la joya del sexenio foxista:  “la Ley Televisa”. A grandes rasgos, ésta preveía un plazo de 20 años para la vigencia de las concesiones,  así como un “procedimiento automático” de renovación de las mismas, sin necesidad de licitarlas nuevamente.

Con Calderón, la relación televisión-gobierno se concentró en legitimarlo ante la opinión pública. Intensas campañas holywoodescas justificaban su guerra con el narcotráfico y luego, para atenuar su matadero y limpiar la imagen de la Policía Federal, se apoyó en la telefarsa[6], ya con la serie El equipo, ya con el montaje en la detención de Florance Cassez.

En suma, este breve recorrido por el tratamiento político y jurídico que se ha dado a la opinión pública en los últimos catorce años,  aunado a la reciente publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, nos pone a reflexionar sobre el papel que debe jugar el Derecho frente a la construcción de una opinión pública “autónoma”[7]. ¿Hasta dónde puede el Derecho dirigir el contenido de los medios sin socavar la libertad de expresión? ¿Qué ordenamientos deben reformarse? ¿Cumplirá la LFTyR con su cometido de garantizar el derecho de las audiencias, así como el derecho a una información veraz y oportuna?

Derecho Electoral,  otro instrumento para la opinión pública

Cada sexenio parece repetirse el mismo sistema de errores y parches en la legislación electoral. Después de la campaña presidencial en 2006, se publicaron el 13 de noviembre de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, las reformas hechas a los artículos 41 y 134 de la CPEUM. En ellas, el entonces IFE se reservó la administración de los tiempos del estado a los partidos políticos; se prohibió a éstos contratar o adquirir, por sí mismos o por terceros, tiempos en cualquier modalidad en radio y televisión; que terceras personas contrataran propaganda en radio y televisión dirigida a influir las preferencias electorales; abstenerse de incluir en la propaganda político-electoral expresiones dirigidas a calumniar a los candidatos; así como impedir que la propaganda de los tres órdenes de gobierno, de organismos autónomos o  cualquier dependencia pública, incluyera nombres o imágenes o voces que implicaran una promoción personalizada de algún servidor público.

La última reforma electoral publicada el 10 de febrero de 2014 en el DOF, además de ampliar los tópicos anteriores y crear el Instituto Nacional Electoral, se abrogó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y se creó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). En este nuevo ordenamiento, publicado en el DOF el 23 de mayo de 2014, en su artículo 162,  se prevé la facultad que tendrá la Comisión de Quejas y Denuncias para iniciar un procedimiento sancionador contra los partidos políticos o terceros que actualicen las prohibiciones descritas en el párrafo anterior (ubicadas en el artículo 159 LGIPE). Lo importante es que, de conformidad con los artículos 459 y 465 de dicha Ley, el procedimiento sancionador podrá iniciarse de oficio o a petición de parte, y en este caso, cualquier persona estará legitimada para presentar su queja o denuncia.

Por otro lado, el artículo 213 de la LGIPE, establece los mecanismos para regular las encuestas y sondeos de opinión, requiriendo a los medios o particulares que las realicen información sobre la metodología que empleen; así, éstas quedarán sujetas a la aprobación del Instituto. Sin duda, es una medida importante si recordamos lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 2012, donde gran parte de las encuestas y sondeos —el caso de Milenio, por ejemplo—se utilizaron como parte de la estrategia electoral para generar la imagen en la opinión pública de un candidato inalcanzable.

 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

 Publicada el pasado 14 de julio, dos de los grandes objetivos de la LFTR en materia de radiodifusión son respecto a la competencia y a los contenidos.

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, el artículo octavo transitorio establece que, por lo menos, deberán licitarse dos cadenas de televisión abierta. Ahora, ¿realmente la llegada de dos nuevos canales mejorará los contenidos informativos, en beneficio de la opinión pública? Giovanni Sartori diría que no[8]. Pues el mecanismo del mercado en radiodifusión opera completamente distinto al de otros bienes y servicios. Los consumidores de los concesionarios en radio y televisión son las empresas de publicidad, y éstas buscan los programas —informativos o de entretenimiento— que abarquen más raiting. Así, los concesionarios competirán por generar más masa y para ello tienen, forzosamente, que empobrecerse los contenidos.

Ahora, el Derecho de las Audiencias —que implica también el derecho a una información veraz y oportuna—que prevén los artículo 2259-261 de la LFTR, resulta insuficiente pues su cumplimiento queda a contentillo del medio. Como en el caso de las Comisiones de Derechos Humanos, el papel del Defensor de las Audiencias es de buena fe, es decir, sus recomendaciones y resoluciones no serán vinculantes. Las quejas que envíen los particulares a los concesionarios sobre los contenidos, sobre la información que transmiten, en el mejor de los casos, se harán públicas en algún sitio web del medio.

 Conclusión

 En teoría, una democracia representativa, es, ante todo, un gobierno de opinión. Y para ello, debe contar con ciudadanos capaces de someter a un continuo cuestionamiento la actuación de sus representantes. Y, si la información que obtienen de los medios masivos de comunicación sigue el camino del escamoteo y del reality político, las consecuencias parecen predecibles.

Por otro lado y para finalizar, el crecimiento agigantado de la banda ancha podría dar la solución al problema de la construcción de una opinión pública autónoma[9]. A medida que el servicio de internet aumenta se aminoran los raitings en televisión; frente a estas circunstancias, en un futuro cercano, la competencia de los medios se trasladará irremediablemente a la red y allí, en la libertad que tienen los usuarios de elegir, no quedará lugar para los monopolios informativos.


[1] http://www.theguardian.com/world/2012/jun/07/mexico-presidency-tv-dirty-tricks
[2] Jenaro Villamil, Manipulación informativa, negocio publicitario, Proceso 1512, 23 de octubre de 2005.
[3] Giovanni Sartori, Homo Videns, Punto de Lectura, México 2005.
[4] Jenaro Villamil, Peña Nieto el gran montaje, Grijalbo, México 2012, p.60.
[5] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=719697&fecha=10/10/2002
[6] Jenaro Villamil, La telefarsa, Proceso 1802, 15 de mayo de 2011
[7]  Giovanni Sartori, op. cit., p.83.
[8] Giovanni Sartori, op. cit., pp. 170-176.
[9] Véase Entrevista a Jorge Fernando Negrete, Director General de Mediatelecom. Estepario no.2