El derecho como arma etnocida en México: breve panorama a partir de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

 

Jesús Briseño Vázquez

Facultad de Derecho, UNAM


1.-Introducción

Este ensayo más que tomar una postura formalmente jurídica (que en muchas ocasiones resulta tan recalcitrante que mutila una noción más fiel de la realidad) busca analizar desde una perspectiva histórica los motivos por los cuales los legisladores ponderan en un plano de desigualdad ideológica los valores de la modernidad occidental, hoy globalización y neoliberalismo (implantada la primera en nuestros dirigentes desde la época colonial), en contra de los derechos indígenas, perpetrando flagrantemente un etnocidio jurídico y fáctico que comprende la muerte cultural de nuestras comunidades originarias.

La primera razón de ser de este artículo surge a raíz de la regulación hipócrita que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión [1] manifiesta en torno a uso social del espectro radio eléctrico (léanse artículos del uso social del espectro dejados abajo), y la segunda razón es hacer una crítica multidisciplinaria con respecto a dicha ley que no necesita tomar ningún cariz populista, vago, parcial o maniqueo debido a que la realidad, madre de la verdad, habla por sí misma y habla mejor de lo que cualquiera de nosotros puede hablar o interpretar de ella.

Por ello, antes de iniciar con mi tesis, me parece fundamental dar un relieve contextual acerca de la realidad social en que las comunidades indígenas de nuestro país viven, a través de información de fiabilidad institucional como la proporcionada por el estudio del 2013 publicado por el INEGI y la Revista Internacional de Estadística y Geografía [2], en el cual podemos indagar con datos crudos como la marginalidad indígena es un factor lapidario en el impedimento del uso óptimo del espectro radioeléctrico social, demostrando que “89.7% de ellos viven por debajo de la línea de pobreza; la gran mayoría habita en municipios de alta o muy alta marginación y con los índices más bajos de desarrollo humano” o también otros datos igualmente fríos como que “estamos muy lejos de que se cumpla este ideal implícito en nuestra definición como país pluricultural (en referencia al artículo segundo constitucional). En cuanto a todos los indicadores de desarrollo de los que tenemos información, los pueblos indígenas se encuentran en rezago y ocupan los últimos lugares respecto a otros sectores de la población, como sea que éstos se clasifiquen. El índice de desarrollo humano de los pueblos indígenas de México (IDHPIM) se ubica en 0.7057, a diferencia del IDH de la población no indígena, el cual es de 0.8304, es decir, hay una brecha de 15% entre una y otra. Existen brechas de cada uno de los componentes del IDHPIM: el de salud es de 0.7319 para los pueblos indígenas y de 0.8841 para los no indígenas; el de ingresos para los primeros registra 0.6471 y el de los segundos, 0.7579. Las zonas de alta marginalidad continúan siendo predominantemente indígenas. Sus condiciones de salud, educación, ingresos y empleo, entre otros aspectos, siguen siendo, a todas luces, insuficientes para una vida digna (PNUD, 2010). En relación con la educación, dos de cada tres niños entre los 6 y 14 años de edad que no están en la escuela son indígenas.”

Así pues, como primera conclusión, antes de abordar el estudio histórico propuesto en los siguientes apartados, considero como una impúdica burla por parte de nuestros legisladores hacer leyes que si bien cumplen con la formalidad que jurídicamente se exige, ésta no deja de ser superficial e indignante, ya que pareciesen ser hechas para ciudadanos con un nivel de vida totalmente incongruente en relación a nuestros paupérrimos paradigmas sociales y económicos. Es decir, ¿Cómo podemos pensar que el artículo 2, apartado B, fracción VI de nuestra Constitución Política [3] pueda cumplirse a cabalidad cuando la población indígena históricamente, y hoy en día, se encuentra abatida en los infiernos de la hambruna, del desempleo, del analfabetismo, del olvido y la marginalidad? También es ilógico suponer que el Estado apoye a los grupos indígenas conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión [4] ya que como todos sabemos tal población no puede ni sostenerse a sí misma debido al descuido de la sociedad mexicana en su conjunto, incluyendo a la gran mayoría de los mexicanos de la clase media, alta y a las autoridades administrativas. Es más, ¿Cómo podemos pensar que la autoridad Estatal destinará recursos a las telecomunicaciones y la radiodifusión en términos de esta ley si, primeramente, no se ha resuelto la problemática de la pluralidad de comunidades indígenas por vía institucional? ¿Cómo podemos creer que las televisoras y radiodifusoras sociales obtendrán el apoyo necesario para instaurar, mantener y potencializar sus proyectos por medio de desprotegidas Asociaciones Civiles o de los mismos pobladores? ¿Cómo podemos pensar que los indígenas donarán la poca riqueza económica que conservan para invertirla en la radio de sus pueblos? La cuestión es sencilla: ¿Vives o mueres? O lo que es lo mismo: si donas a la cultura, te mueres de hambre.

2.- El derecho como arma

Para comprender un fenómeno social tan específico como el etnocidio que propugnan nuestros legisladores (me refiero al caso de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con respecto al uso social del espectro) es necesario comprender su naturaleza como el resultado de un proceso histórico.

En primer lugar, es bien sabido que el derecho en sí mismo es una de las “herramientas” indispensables que la humanidad posee para garantizar la certeza y la seguridad jurídicas a los gobernados en un imperante Estado de Derecho, o en otras palabras, el derecho busca adaptarse a la realidad social en todas sus vertientes, con el objetivo de brindar los medios institucionales adecuados para la resolución de los conflictos de intereses que diariamente se suscitan, en lugares y tiempos específicos, dentro de todas las sociedades que componen el concierto internacional. Lo anterior es una verdad irrefutable, sostenida por cualquier persona sensata, incluyendo con especial énfasis a los juristas. Sin embargo, denoté que el derecho es una herramienta, y como tal, ésta se haya supeditada a la voluntad humana. No es difícil recordar que para el derecho civil, uno de los vicios de la voluntad es el error, es decir, el falso conocimiento de la realidad. Pues bien, haré un ejercicio que si bien es pragmático, no carece de contundencia: puedo afirmar que el error del cual ha adolecido la voluntad humana históricamente se encuentra íntimamente vinculado a la letal terquedad de imponer su razón sin importar el menoscabo al prójimo, ya sea por medio de la colonización ideológica o de facto, por el derecho, o por las mismas guerras, a cambio de una satisfacción que redunda en un bienestar egoísta. A este fenómeno se le puede denominar intolerancia, desprecio y miedo por lo ajeno, ya que la necesidad de imponer una razón propia, fundada en un prejuicio (falso conocimiento de la realidad), normalmente es el resultado de la ignorancia del individuo o grupo que tenemos en frente de nosotros.

Entonces, como segunda conclusión, nos encontramos con que el derecho no siempre es un reflejo exacto de la realidad, ya que al imponerse coactivamente y con prejuicios en una sociedad a la cual no regula con fidelidad, ─puesto que ignora cómo es ésta verdaderamente─ ocasiona una transformación de la modalidad del derecho como herramienta a la del derecho como arma. Así pues, la herramienta es género de cualquier arma porque ambas son medios tangibles o intangibles que se usan para concretar un propósito. El derecho como arma es intangible, ya que el derecho en sí mismo se encamina a regular conductas tantos de seres físicos o morales. Y para argumentar lo anterior, baste recordar el antisemitismo que los alemanes nazis legalizaron para avasallar terroríficamente a los judíos, anteponiendo una ridícula, peligrosa y prejuiciosa superioridad racial que por medio de la guerra se tradujo en el holocausto más sanguinario hasta entonces conocido en la historia de la humanidad.

En 1935, durante la celebración de la reunión anual del partido nazi, entraron en vigor “Las leyes de Núremberg” [5] entre ellas la “Ley de ciudadanía del Reich” y la “Ley para la protección de la sangre y el honor alemanes”, las cuales, en base a una superioridad implícita, marginaron a los judíos de sus derechos civiles y políticos, evitando que pudieran contraer matrimonio con personas de nacionalidad alemana, e incluso, más aberrante aun, se prohibía “el comercio carnal extramatrimonial entre judíos y ciudadanos de sangre alemana”. Por eso, cuando el derecho se convierte en un arma, éste invade las esferas más íntimas de los individuos, enturbiándolos y violándolos en sus esferas más elementales, o más bien, este tipo de leyes sirven de pretexto o legitimación para marginar al grupo no deseado para posteriormente aniquilarlo sin remordimientos.

3.- Algunos pasajes del etnocidio jurídico en México

Como la finalidad del presente artículo es dar una explicación del porqué la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión desprotege y mutila a las comunidades indígenas en su derecho al uso social del espectro radioeléctrico, es fundamental comprender que la nación mexicana como realidad activa es radicalmente más compleja a la que cualquier definición jurídico positiva estipule.

Ahora bien, si entendemos al etnocidio como la conducta cometida por parte de un ente ─ya sea un estado o grupos invasores─ que soslaya los ámbitos vitales de las culturas indígenas en todas sus aristas hasta el grado de exterminarlas ─ya sea por la fuerza bruta o por imposiciones de carácter ideológico─, elaborar un concepto compuesto como “etnocidio jurídico” implicaría a primera vista una contradicción, ya que las leyes se hacen para que en su aplicación mantengan un orden o seguridad social, o al menos, eso es lo que reza la doctrina, pero de hecho, sucede muchas veces lo contrario, refiriéndonos al caso específico de estos grupos nativos. En ese sentido, el derecho, como brazo firme de la sociedad mexicana, no sólo nos impone un sistema de normas necesarias e interdependientes, sino que se vuelve una vitrina en favor de las ideologías de los gobernantes en turno, contraproducentes si no se las asimila conforme a nuestra verdadera realidad y no a nuestras mentiras anhelantes, imaginarias, modernas, occidentalizadas y legitimadas irreflexivamente en nuestras leyes. Así pues, para comprobar ésta aseveración, empecemos con el breve estudio histórico para que al final, podamos vincular nuestra tesis con el uso social del espectro radioeléctrico en nuestro país.

La invasión de occidente

Mesoamérica fue cuna y, a la vez, tumba de civilizaciones tan originales que a pesar de su diversificación siempre encontraron puntos de encuentro, compartiendo no sólo costumbres similares, sino que más importante, tuvieron una cosmogonía común, una visión y un camino por el que todas transitaron a pesar de revestir sus culturas de lenguas diferentes ya que, en esencia, todas fueron excitadas por circunstancias compatibles, tal es el caso de las deidades, las creencias, los sacrificios, las guerras, el comercio, los tributos, etc.

Sin ahondar mucho en nombres o fechas específicas, si es importante señalar que para la cronología de Mesoamérica, el periodo postclásico (900-1521) fue el último y más sangriento de todos. El señorío mexica, pueblo del sol, imperio militar por excelencia, fue un relámpago barbárico en el cielo mesoamericano, a tal grado que sólo otra civilización igual de barbárica en su sentido militar pudo subyugarlos, como fue el caso de los españoles. Pero ¿por qué remontarnos tan atrás? La razón es que es justo en la etapa colonial es donde nace el germen de la marginación indígena que posteriormente dio frutos amargos a partir de la independencia. Si bien los mexicas mantenían una hegemonía férrea sobre otros pueblos con el fin de obtener tributos, una cuestión a destacar es que ellos, en lugar de arrasar las religiones de los pueblos vencidos, allegaron esas mismas deidades a su propio cementerio, además de permitirles conservar sus lenguas de origen y mantener sus costumbres, todo eso sucedió porque todas las culturas mesoamericanas poseían afinidades muy íntimas entre ellas. De igual forma, con las invasiones que se concretaban en dominación, además de los tributos ya dichos, los mexicas ampliaron sus zonas de comercio para que lograran abastecerse de una gran diversidad de alimentos diferentes, mas no desconocidos, a los de su región. Es decir, se les obligó a los pueblos sometidos cultivar una porción especial para los mexicas además de la necesaria para ellos mismos.

Pues bien, a partir de la era colonial, notamos que a diferencia de los mexicas, los españoles buscaron erradicar las costumbres indígenas como los sacrificios, pero lo hicieron por medios igualmente sanguinarios. Legitimados, primero, por una supuesta superioridad racial, que provenía de un iusnaturalismo errático o razón de Dios, y luego por la instauración del derecho indiano, que si bien muchas veces medio en favor de los “naturales” y se nutrió de las propias costumbres indígenas como fuentes casuísticas de este derecho, al fin y al cabo, la separación de castas atribuida a los indígenas en un rango de vasallos libres fue eliminando, no sólo jurídicamente, sino socialmente toda la esencia que configuraba la cultura mesoamericana, asesinándolos sino de facto, si espiritualmente. Y un gran ejemplo de ambas situaciones se dio en el inicio de esta colonización, que como lo menciona la doctrinaria María del Refugio Gonzales [6], cuando en virtud de las Bulas Alejandrinas de finales del XV el Papa en turno, Alejandro VI, cedió a los reyes españoles la obligación de evangelizar el “Nuevo Mundo” lo que trajo como resultado fue el instrumento llamado “Requerimiento de Palacios Rubios”, derivado de “Las leyes de Burgos”, por el cual se legitimaba el derecho a la conquista, o mejor dicho, a la invasión si los pueblos nativos no se rendían, que atendiendo a la literalidad del texto se expone así: “Vos haré guerras por todas partes y maneras que yo pudiere, y vos sujetaré el yugo de la Iglesia y de sus Altezas, y tomaré vuestras personas y vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tal los venderé y dispondré de ellos como Su Alteza mandare, y vos tomaré vuestros bienes, y vos haré todos los males y daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor y le resisten y le contradicen…”

Otra cuestión fue que los españoles obligaron a los americanos nativos a rendir tributos pero a diferencia de los mexicas, los europeos lo destruyeron casi todo: las civilizaciones, las religiones, las lenguas, las costumbres, los oficios, etc. La vía militar de exterminación no fue exclusiva, incluso cuestiones contingentes y fúnebres como las pandemias de viruela, peste, varicela, sarampión y demás enfermedades fueron las responsables de una inverosímil baja en la población indígena de la época.

El México independiente

Como lo agudiza el ilustre Guillermo Bonfil Batalla en su libro “México profundo” [7] nuestro país es sombra de sí mismo: siempre buscamos ser como los demás mientras nos negamos a nosotros mismos, es decir, jamás nos propusimos desarrollarnos dentro de un proyecto histórico que fuera acorde a nuestra idiosincrasia, a nuestra naturaleza, ya que preferimos volcarnos hacia lo que consideramos moderno o civilizado desde el punto de vista occidental, utilizando por medio, la exterminación masiva de lo “marginal”, “inútil” o “retrasado”, es decir, todo lo indígena.

Desde la invasión española, México jamás ha tenido la oportunidad de ser verdaderamente moderno toda vez que hemos cortado de tajo, una y otra vez, un pasado que si bien no es perfecto, si era necesario para fusionar un verdadero proyecto nacional una vez que logramos emanciparnos de la corona española, por ello, todo el siglo XIX mexicano fue tan convulso, entre tantas cosas, en lo que respecta a las ideologías principales en pugna: me refiero a la de los liberales y los conservadores. Cada una de estas corrientes se contradijeron en las formas o medios, pero en esencia, buscaron lo mismo: el progreso, el desarrollo, la tecnología, las libertades individuales que cayeron en el egoísmo, la modernidad occidental. Para ambos bandos nunca estuvo en entredicho que la población indígena debía subordinarse a los nuevos proyectos abruptos que los gobernantes accionaron en pos de aliviar las urgencias del país, o desde otra perspectiva, algunos ordenamientos jurídicos específicos, expedidos al vapor de las circunstancias terribles que nos aquejaban, propugnaron por la regulación de lo que se creyó correcto sin considerar un futuro planeado desde su carácter más profundo, como por ejemplo, la Ley de desamortización de bienes o “Ley Lerdo” [8] expedida en 1856, que en un sentido acertado ocasiono la desamortización de los bienes eclesiásticos o de “manos muertas”, pero, por un efecto contraproducente, también obligó a los indígenas a deshacerse de la milenaria propiedad comunal de sus tierras ya que configuraron con su misma institución ancestral el supuesto del artículo primero de dicha ley, que dicho sea de paso, es otro ejemplo de la inadaptación relativa de un ordenamiento jurídico a las necesidades reales del grueso de los mexicanos, convirtiéndose a todas luces en un arma jurídica: “Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República, se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas”.

A raíz de esto, en el periodo porfiriano los latifundistas aprovecharon las tierras partidas para hegemonizarse prácticamente como feudos donde los indígenas volvieron a ser, al menos de facto, vasallos de un amo sombrío y despótico: la industrialización esclavizadora e infructuosos para las condiciones paupérrimas de los mexicanos de entonces, el positivismo científico e insensible, la verdadera civilización, o como diría el poeta Arthur Rimbaud, cedimos ante “la ciencia, la nueva nobleza”.

En voz de Bonfil Batalla y de su obra antes citada “La historia constitucional de México es uno de los ejemplo que ilustra de manera abrumadora ese planteamiento esquizofrénico, porque ha conducido en todos los casos a la construcción jurídica de un estado ficticio, de cuyas normas y prácticas queda excluida la mayoría de la población; ¿Dónde sino, esta la razón de contradicciones tan evidentes como el individualismo y el igualitarismo en que se empeñaron los liberales del siglo pasado (XIX) hayan conducido, sin solución de continuidad, a la consolidación de los sistemas de servidumbre en las haciendas porfiristas? ¿Cómo se explica una legislación anticlerical convertida en letra muerta, en ficción pura, para dar paso a un acuerdo tácito con la iglesia que resulta ser la negación misma del espíritu de las leyes? ¿Cómo entender, sino es a condición de admitir la gran ficción dominante, un sistema de elecciones democráticas que descansan en el reconocimiento de los partidos políticos como único vehículo legítimo de la participación electoral ciudadana, en un país en el que la absoluta mayoría de la población no milita en ningún partido ni ejerce el derecho a voto? Se buscaría en vano un solo ejemplo que mostrase la intención de conocer y reconocer los sistemas reales que se emplean en los diversos grupos de las sociedad mexicana para obtener y legitimar la autoridad, con el fin de estructurar un sistema nacional en el que esas formas locales tuviese cabida y, al mismo tiempo, encontrasen los estímulos y las posibilidades para su progresiva actualización; no hay tal, el país se quiere moderno ya, por virtud de la ley, y si la realidad marcha por otros caminos es una realidad equivocada e ilegal.”

4.- Conclusión

La regulación para el uso social del espectro radioeléctrico en México, no sólo no responde a las necesidades actuales de regular este bien público acorde a la competencia en términos de estándares internacionales, bajo el proceso de la globalización, sino que, es resultado de un desarrollo histórico propio por hacernos notar ante el mundo ganador, hasta tratar de pertenecer a ellos, imitándolos, copiando sus leyes, su mentalidad, con el fin de, algún día, ser como ellos.

A decir verdad, si bien en la Revolución Mexicana tuvimos una reivindicación no sólo para las tierras y los bienes de dominio directo de la nación, sino también para otras áreas pilares como el reconocimiento, la dignificación y la protección de los trabajadores y el derecho indispensable a la educación pública, no debemos pasar por alto que, aun así, estamos en deuda con esa Revolución, y más, con ese pasado que no logró asimilarse de manera permanente e irrevocable en las entrañas de nuestros gobernantes, en nuestra sociedad, para al fin, lograr un proyecto de nación original con sus metas y sus ambiciones propias sin aislarnos de la dinámica internacional.

Hoy en día ya no se busca colonizar a los países por medio de la violencia bélica hasta el punto de exterminar una cultura por completo, pero si se busca implantar una nueva visión del mundo ya no occidentalizado, sino globalizado, otra quimera que borra las idiosincrasias en beneficio de los países “desarrollados” dejando la obligación a los países “en vías de desarrollo” de seguir sus pasos, en lugar de andar su propio camino junto a las naciones del orbe bajo el principio de solidaridad que nos haga tolerar las diferencias ajenas y vernos de igual a igual.

Fuentes:

1.- Artículo 67. De acuerdo con sus fines, la concesión única será:

II. Para uso público: Confiere el derecho a los Poderes de la Unión, de los Estados, los órganos de Gobierno del Distrito Federal, los Municipios, los órganos constitucionales autónomos y las instituciones de educación superior de carácter público para proveer servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones.

IV. Para uso social: Confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro. Quedan comprendidas en esta categoría las concesiones comunitarias y las indígenas; así como las que se otorguen a instituciones de educación superior de carácter privado.

2.- Educación y Pueblos indígenas Problemas de medición. Silvia Schmelkes. INEGI y RIEG, 2013

(http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_08/Doctos/RDE_08_Art1.pdf)

3.- Artículo 2, párrafos 1, 2, 3, también el apartado B, y al último, la fracción VI: “La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.”

“B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.”

“VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.”

4.- Artículo 89. Los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán obtener ingresos de las siguientes fuentes:

I. Donativos en dinero o en especie;

II. Aportaciones y cuotas o cooperación de la comunidad a la que prestan servicio;

III. Venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con su fin y objeto o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad, con excepción de lo dispuesto en la fracción VII del presente artículo;

IV. Recursos provenientes de entidades públicas para la generación de contenidos programáticos distintos a la comercialización;

V. Arrendamiento de estudios y servicios de edición, audio y grabación;

VI. Convenios de coinversión con otros medios sociales para el mejor cumplimiento de sus fines de servicio público, y

VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las Entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos.

Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable para las concesiones de uso social comunitarias e indígenas.

La ausencia de fines de lucro implica que dichos concesionarios no perseguirán dentro de sus actividades la obtención de ganancias con propósitos de acumulación, de tal suerte que los remanentes de su operación sólo podrán invertirse al objeto de la concesión. Para recibir donaciones en dinero o en especie, los concesionarios de uso social deberán ser donatarias autorizadas en términos de las disposiciones aplicables.

Los concesionarios de uso social que presten el servicio de radiodifusión deberán entregar anualmente al Instituto, la información necesaria con el objeto de verificar que la fuente y destino de los ingresos se apeguen a los fines para los cuales fue otorgada la concesión.

5.- Leyes de Núremberg. 15 de septiembre de 1935. http://ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/textos/leyesnuremberg.pdf

6.- María del Refugio Gonzales. Historia del Derecho Mexicano.

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/320/3.pdf

7.- Guillermo Bonfil Batalla. México profundo. La civilización negada.

8.- Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México

http://www.pa.gob.mx/publica/MARCO%20LEGAL%20PDF/LEY%20DESAM%20BIE%20MAN%20MUER.pdf

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