Guillermo Estrada Adán *: Ayotzinapa y sus coordenadas jurídicas

Por Redacción

 

D

ESDE SU creación como entidad federativa el 27 de octubre de 1849, Guerrero lleva en su nombre el sino del combate y la tenacidad. Al día de hoy, junto con Oaxaca y Chiapas, Guerrero es una de las entidades más pobres del país. Caciquil y sin estabilidad política. De los tres millones 338 mil 778 habitantes registrados en el censo nacional de población de 2010, casi 15% son indígenas, distribuidos en las regiones de la Montaña y Costa Chica. Y su posición estratégica en el tráfico de drogas lo ha colocado en una situación cualitativamente peor que aquellas entidades, particularmente en cuanto a violencia criminal se refiere.

Guillermo Estrada Adán — profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como en el Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México— nació en la cabecera municipal de Iguala y permació allí hasta los dieciocho años. Recuerda: “Iguala es una ciudad rodeada de cerros, no me atrevería a decir grandes montañas, con un clima bastante difícil. Hace calor en Iguala, es la puerta a la Tierra Caliente. Siempre he dicho que cómo es posible que hayamos aprendido a leer y a escribir con 35, 40 grados centígrados en escuelas públicas. 

Sin embargo, debemos reconocer que, como en todo el estado de Guerrero, hay gente cálida y amable”. Recientemente, dice, en Iguala comenzaron a pulular comercios como McDonalds’s, Cinépolis, Café Punta del Cielo. ¿A qué viene aquéllo? A que el lugar en que se ubican —la plaza comercial Galerías Tamarindo— a la postre se supo, pertenecía a José Luis Abarca, quien fuera presidente municipal cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas.

 ESTEPARIO: ¿Qué nos podría decir del clima político en los años que vivió en Iguala? ¿Incidió de algún modo en su decisión de estudiar Derecho?

 Debo decir que sí. Iguala tuvo mejores años en la vida política. En los últimos decenios prácticamente Iguala se vino abajo. Recuerdo todavía cómo alternaban presidentes municipales entre el PRI y el PRD. Y hubo particularmente uno, que me tocó todavía estando allá, que fue Lázaro Mazón, quien luego fuera Senador de la República y que en el último periodo de la gubernatura de Ángel Aguirre Rivero era el Secretario de Salud. Él pidió licencia de su cargo y ahora está fuera de la administración, salió justamente porque el suplente de Abarca en Iguala era su hermano, Luis Mazón.

Recuerdo, por ejemplo, la administración de Lázaro Mazón como una persona cercana a los jóvenes. En ese momento yo era estudiante de bachillerato y participaba en concursos de oratoria y en ciertas reuniones. Recuerdo que el clima político en una ciudad pequeña como Iguala de poco más de cien mil habitantes era, me atrevo a decir, participativo. Evidentemente no se vinculó nunca a cuestiones de narcotráfico. La gente se interesaba por la política. Platicar en las calles con amigos y conocidos los temas políticos siempre era bueno. Estaban enterados de lo que sucedía a nivel nacional, por ejemplo, con Cuauhtémoc Cárdenas en esa época, rechazaban al PRI, y, sin embargo, Iguala nunca permaneció ajeno a la realidad del estado ni de la política nacional.

Cuando tuve que tomar la decisión de qué estudiar y dónde estudiar, al haber participado en estos concursos estatales, donde tuve la oportunidad de conocer Tixtla y varias regiones del estado, la parte política y la participación política fueron un factor fundamental para decidir estudiar Derecho. Más que tener la idea de venir a la UNAM, tuve la idea de salir de Iguala. No tenía muy claro qué estudiar. Participé en ejercicios de Física y de Química así que también consideré seguir esa línea. Lo que siempre pensé es que tenía que salir de Iguala.

Haré una consideración previa que es personal. Mi abuela, Simona Rangel, la madre de mi madre, con quien yo pude convivir mucho tiempo, fue una luchadora social. Una luchadora social que, por supuesto, no se logró ninguna primera plana en los periódicos. Pero ella era insidiosa del gobierno. Seguramente asistió a mítines pero a mí no me tocó esa etapa. Yo soy de los nietos más pequeños y cuando mis primos, que también estudiaban en la UNAM, platicaban con ella yo recuerdo a mi abuela siempre criticando al gobierno.

Es cierto, Guerrero e Iguala tienen una formación de crítica. Se le puede identificar a ciertos grupos siempre como incómodos, por decir lo menos, ante el gobierno y ante las autoridades que están ejerciendo el poder público. No está por demás recordar, por supuesto a Genaro Vásquez y a Lucio Cabañas, normalistas. No está demás tampoco recordar que en Iguala también sucedieron ejecuciones en la década de los setentas.

El problema por lo tanto no es nuevo. Sin embargo, creo que el ingrediente que ocasionó la desaparición del 26 de septiembre de 43 normalistas —ahora tenemos más datos y sabemos que al menos uno de ellos fue calcinado en la versión que ha dado la Porcuraduría— es el narcotráfico.

ESTEPARIO: En Guerrero, el círculo de movilización social, represión y autodefensa parece repetirse desde la Revolución hasta el día de hoy. Primero con la forma de guerrilla, luego con las policías comunitarias y después con las autodefensas ciudadanas. En este sentido, ¿qué tan acertadas son las 10 propuestas que el Presidente hizo para resolver de fondo el ciclo de violencia social en Guerrero?

 ¿Las propuestas que hace el Presidente responden a la problemática de Guerrero? Personalmente creo que no.

Primero porque no nos está diciendo nada nuevo. Lo que nos debe sorprender es que hasta este momento se esté pensando en hacer un banco de datos de las personas que han sido desaparecidas, por ejemplo, que tengamos un teléfono como el 911, que estemos pensando en regular y proteger para cuestiones del narcotráfico; es decir, es increíble que estemos pensando en el siglo XXI, en pleno 2014, que nos hacen falta ese tipo de instituciones cuando debieron hacerse antes.

¿Va a solucionar el problema? Sinceramente creo que no. Creo que es una cuestión mediática. El Presidente tenía que salir y hablar a la sociedad mexicana. Esto no ataca el problema de fondo, que está vinculado al diseño de las instituciones y al problema del narcotráfico inmiscuido en las células más pequeñas del poder público que son los municipios.

ESTEPARIO: ¿Con qué opciones cuenta la democracia mexicana para salir de esta situación?

No creo que haya soluciones contundentes. Voy a enfatizar una cosa: el problema es tan complejo que los juristas no tenemos la solución, tampoco los políticos, los antropólogos, los sociólogos ni los economistas. ¿Qué quiero decir? La solución no la posee un solo grupo de la sociedad mexicana. No nos engañemos: los políticos no tienen las mejores respuestas y nosotros tampoco. Es un trabajo complementario.

Los juristas tenemos que hacer nuestra labor de la mano con los economistas porque creo que hay un problema económico fuerte en el estado de Guerrero. No sólo los del narcotráfico, también la industria turística y minera, por poner ejemplos. Estoy hablando de Guerrero pero esto se puede reproducir en otras partes de la República.

El problema, por tanto, no puede ser resuelto a partir de diez propuestas. Es discusión, es análisis de ideas, es formación y también son respuestas inmediatas al clamor de la gente de Iguala, gente que tiene miedo. Para ello se necesita una respuesta inmediata pero sobre todo la construcción de un estado y de una sociedad a futuro. Tenemos que aprovechar este momento para saber qué queremos dentro de 20 años, ¿con qué vamos a estar lidiando entonces?

Si no participamos en foros y diálogos, si no escribimos, no vamos a poder acercarnos a consensar una solución posible. No necesitamos represión, no necesitamos censura, al contrario, necesitamos ejercer al máximo todas nuestras libertades. De esta manera podríamos llegar a conclusiones: necesitamos reforzar al municipio como institución jurídico-política, necesitamos reforzar el diseño de partidos políticos, promover la educación y tratar el problema de las desigualdades económicas. De esta manera yo creo que podríamos acercarnos a una solución integral.

 ESTEPARIO: ¿Cuál es su opinión del tratamiento que los medios de comunicación a nivel nacional han dado al caso Ayotzinapa? 

Debo confesar una cosa: no acostumbro ver la televisión; sin embargo, sí he estado revisando por YouTube ciertas entrevistas que hicieron, he seguido también los periódicos puntualmente, la radio, de manera que me voy a atrever a dar un posicionamiento. Primero: debemos entender que no podemos seguir a un solo medio de información. Estamos obligados a leer, a escuchar o a ver al menos tres. De esa manera nos vamos a dar cuenta de las diferencias de cada uno de ellos y el tratamiento que le dan a un mismo hecho. No podemos confiar solamente en los noticieros de Televisa y de Televisión Azteca. No es que no lo debamos hacer ahora, no lo debemos hacer nunca porque eso sesga nuestra opinión respecto a los hechos. Lo mismo diría de aquel que sólo lee la Jornada, por ejemplo. Tenemos que aprender a leer varios medios de comunicación y si éstos se conforntan, mejor.

Creo que respecto a lo que ha pasado en el estado de Guerrero hay un mal manejo. La televisión, específicamente Televisa, tienen en sus manos el mayor poder que se puede tener en la sociedad actual: informar. Si informan lo que ellos quieren entonces la sociedad se orienta hacia un lado. Voy a decir algo muy claro que escuché en radio hace dos o tres días, después de que sabemos que uno de los normalistas fue identificado ya, según los forenses argentinos y según lo que dijo la Universidad de Insbruck. Escucho a López Dóriga en Radio Fórmula, entrevistar al Procurador General de la República y le hace una pregunta que puede parecer inocente. Dice: “Señor Procurador, entonces se confirma que lo ocurrido lo realizó el crimen organizado, Guerreros Unidos, porque fue Guerreros Unidos, ¿se confirma la versión que usted había dado?” En la pregunta está marcada perfectamente la orientación editorial de lo que se quiere decir. No voy a hablar mal de nadie. Lo único que quiero decir es que algunos medios de comunicación están asumiendo que lo que pasó en Iguala fue obra solamente del crimen organizado. ¿Cuál es la lectura? Dejar a un lado la responsabilidad que tiene el municipio, en primer lugar, y segundo, dejar a un lado la responsabilidad que tiene el gobierno en su totalidad como un elemento del Estado.

De manera que estoy convencido de que el seguimiento que se le ha dado por algunos medios de comunicación es tendencioso, erróneo y oculta, en la manera en como expone la información, el verdadero problema. Claro, buscan proteger otros intereses. Yo pensaría que tenemos que criticar también eso desde nuestras trincheras.

AYOTZINAPA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL Y DE LAS PRECISIONES CONCEPTUALES

 ESTEPARIO: Han pasado casi diez meses desde que la revista Time dedicó su portada al Presidente Enrique Peña Nieto y, en general, desde que los medios internacionales aplaudían las reformas estructurales que detonarían el desarrollo económico del país.  Ahora, diarios como The New York Times,  The Washington Post, The Guardian y Le Monde señalan la violencia endémica de México y la poca seriedad con que el gobierno federal ha tratado el problema de seguridad. Por otra parte, tanto el Parlamento Europeo y los Estados Unidos de América —los dos socios económicos más importantes de México— se han pronunciado sobre el caso Ayotzinapa.

¿Considera usted que Ayotzinapa es un crimen de Estado?

No. Voy a explicar por qué y a hacer unas precisiones conceptuales. La frase “crimen de Estado” no existe para el Derecho Internacional. Primero porque la palabra “crimen” alude normalmente, en el discurso jurídico, al ámbito penal. Sí es cierto que se puede hablar de crimen en el ámbito internacional, desde el Derecho Internacional, por la gravedad de las violaciones. Sin embargo, esta es una cuestión que no ha sido debidamente aterrizada en instrumentos jurídicos o en sentencias internacionales.

La frase “crimen de Estado” tiene un significado particular desde el discurso político. Cuando usemos la frase “crimen de Estado” es necesario saber que, desde el punto de vista jurídico, no estamos diciendo nada y que lo estamos usando desde el punto de vista político. Claro que esto se puede hacer. Refiere una crítica directa y un señalamiento de una conducta que realizó el Estado, etc.

¿Qué sucede entonces en el ámbito jurídico? Al decir que la frase “crimen de Estado” no tiene significación jurídica no quiere decir que le esté quitando responsabilidad al Estado, lo único que quiero es precisar. ¿Quién detuvo ilegalmente? ¿Quién fue, hasta el momento y con los datos que tenemos, cómplice? ¿Quién ordenó todo? Fue el Estado. No debemos tener ningún reparo en decirlo.

El Estado es un ente compuesto por distintos agentes: gobierno local, estatal o federal. No estoy diciendo que fue el gobierno federal. Fue el Estado y esa frase, decir que lo que sucedió en Iguala fue cometido por Estado, tienen sustento jurídico porque quienes cometieron los actos, más allá de quienes los hayan calcinado o no que no fueron agentes del Estado, quien ordenó y me refiero al presidente municipal, quien detuvo ilegalmente fueron policías municipales con participación del ejército en alguna medida. Hasta ahí, lo hecho en Iguala fue hecho por el Estado mexicano.

Cuando usemos la frase “crimen de Estado” es necesario saber que, desde el punto de vista jurídico, no estamos diciendo nada y que lo estamos usando desde el punto de vista político. Claro que esto se puede hacer. Refiere una crítica directa y un señalamiento de una conducta que realizó el Estado

Claro. Las instituciones del estado mexicano deben distinguir entre gobierno estatal, municipal y federal. Evidentemente no puedo decir que fue la Secretaría de Turismo porque fue la policía municipal de Iguala; sin embargo, en Derecho Internacional, por supuesto que fue el Estado. Podríamos hablar del artículo 4, de la Responsabilidad Internacional de los Estados.  Para el Derecho Internacional, independientemente de que lo diga después un Tribunal internacional o no, el responsable de lo que sucedió en Iguala fue el Estado mexicano y creo que debe decirse de esa manera.

 ESTEPARIO: ¿Podríamos decir que México encaja en la clasificación de Failing State?

 No, simple y sencillamente porque no existe consenso para decir a que nos referimos con “Estado fallido”. Dado que todavía no hay elementos claros ni consensados, sería muy aventurado decir que México es un Estado fallido ¿Estado fallido con base en qué? Esa sería la pregunta. Voy a remarcar algo que dije en la ocasión anterior. Al decir que México no es un Estado fallido no quiero quitarle ningún grado de urgencia ni de gravedad a lo que está pasando.

No puede decir que México es un Estado fallido porque no hay consenso; sin embargo, lo que pasa en nuestro país es gravísimo y aunque a mi entender no hay un estado general de violencia en todo el territorio nacional sí tenemos bastantes focos rojos encendidos como para saber que lo que debe hacer la sociedad mexicana, no sólo el gobierno, es urgente. Urge reforzar todo nuestro sistema de protección de Derechos Humanos. Eso y decir que es un Estado fallido son cosas muy diferentes. Creo que por lo pronto deberíamos apuntar a la construcción de una cultura de Derechos Humanos y no a señalar que México es un Estado fallido porque nos meteríamos en muchos problemas teóricos.

No puede decir que México es un Estado fallido porque no hay consenso; sin embargo, lo que pasa en nuestro país es gravísimo

ESTEPARIO: En este contexto de responsabilidad del Estado, ¿Qué posibles escenarios tiene la comunidad internacional para sancionar económica o políticamente a México respecto de estos hechos?

Es muy complicado. El Derecho Internacional está a merced, como muchas veces el Derecho en general, a intereses superiores a los propios intereses que protege el Derecho, de manera que imponer directamente una sanción económica a México es difícil. No veo el camino jurídico para que suceda.

¿Dónde entra entonces el Derecho Internacional? Entra ya en la condena de varios Estados, en estar al tanto de lo que sucede en México. Varios Estados se han pronunciado, el Parlamento Europeo como lo mencionaron hace un momento, la Organización de las Naciones Unidas, el Presidente Barack Obama diciendo que apoya al gobierno mexicano, Mujica también que apoya al gobierno de México, lo que sucedió con el mexicano en la entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega; es decir, la comunidad internacional ya está atenta de lo que está pasando en México y eso es un primer punto que no debemos olvidar.

Esto tampoco es un instrumento jurídico. Para que realmente se puedan utilizar los instrumentos jurídicos necesitamos un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque hay que darle al Estado mexicano la posibilidad de que responda como debe responder ante lo que está pasando en Iguala. Si esto no sucede, algo que los abogados llamamos definitividad, se van abrir varias puertas a nivel internacional. Ya sea ante Naciones Unidas, ante los Comités que protegen derechos humanos o ante el sistema americano de protección de Derechos Humanos. Si nos gustaría que los Comités y la Corte Interamericana pudieran ofrecernos su posicionamiento ante estos hechos.

Debo advertir que hay una orden de medidas cautelares de la Comisión Interamericana respecto a lo sucedido en Iguala. Eso ya es un medio jurídico. Creo que debemos esperar un poco más para que se pueda ver de mejor forma el panorama jurídico.

ESTEPARIO: ¿Qué resta por hacer en materia de Derechos Humanos para evitar que el caso Ayotzinapa vuelva a repetirse?

 Creo que es correcto apostar por los Derechos Humanos porque es una herramienta que le puede dar cohesión a la sociedad. Por lo tanto, ¿Qué falta por hacer? Por supuesto exigir al Estado que protocolice su actuación, que eduque a las fuerzas públicas, que los funcionarios públicos asuman la protección de Derechos Humanos pues todavía se escuchan ciertas declaraciones donde nos damos cuenta que no tienen esa cultura de Derechos Humanos.

Sin embargo, lo más importante es la sociedad. ¿Qué hace falta para construir una cultura de los Derechos Humanos? Que nosotros, los seres humanos, nos metamos en la cabeza que hay que tolerar al otro. Este tipo de construcciones que no son necesariamente jurídicas son las que nos van a ayudar a salir de la crisis en la que estamos. ¿Necesitamos del gobierno? Claro que necesitamos del gobierno pero también podemos salir sin el gobierno si entendemos que lo más importante es respetarnos.

ESTEPARIO: ¿Y en cuanto al diseño institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?

Sinceramente creo que el diseño salió, como se dice vulgarmente, como un órgano que no tiene dientes, un órgano cuyas decisiones no son vinculantes, que ataca sólo a la administración pública y no se mete con el Poder Legislativo ni con el Poder Judicial ni con otros órganos constitucionales autónomas que podrían violar Derechos Humanos también.

Mucho de lo que hemos hecho ha sido por modas. En la década de los noventa recibimos mucha influencia, no necesariamente mala. Entonces, de la Secretaría de Gobernación sale y se perfila una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego creamos un Instituto Electoral, después con Fox un Instituto de Acceso a la Información; es decir, el diseño del Estado mexicano ha sido a partir de modas y de gobiernos. Por ello tienen dientes y a veces no, luego se los quitamos. Por ejemplo: en materia de transparencia no nos metemos con el Poder Judicial que también maneja un presupuesto tremendo, la propia Universidad que no quiere hacer transparente su función.

Sí nos hace falta diseñar de mejor manera, aunque ni siquiera cumplamos lo que ya tenemos, estas relaciones entre los órganos que protegen Derechos Humanos con quienes ejercen el poder público y exigir cuentas a estos que son nuestros defensores para que ellos también puedan exigir al gobierno.

Me parece que buena parte de lo que nos falta por hacer es que necesitamos comisiones, me refiero a la nacional y a las estatales, que sean cercanas a la sociedad. Ese es su trabajo, ¿No? Que sean el canal de comunicación fuerte en una cultura de Derechos Humanos con la sociedad que no tiene dinero, que vive en condiciones de pobreza. Las comisiones de Derechos Humanos deben ser también lugares que ofrezcan al Estado un mejor diseño de políticas públicas. Muchas veces este canal de comunicación está roto. No nos protegen las comisiones cuando deberían protegernos.

 EL PAPEL DE LOS ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS

 No cerrar la boca. Los académicos no podemos darnos el lujo de permanecer impasibles ante lo que está pasando, al contrario, necesitamos denunciar también. Cuando digo denuncia hablo fuera del discurso jurídico y me refiero a ser un eslabón de la sociedad capaz de formular posicionamientos sólidos para describir lo que está pasando desde un punto de vista crítico. Ese es un papel fundamental de los académicos.

Otro que me parece importante: encausar a los estudiantes. Me refiero a los académicos docentes. Debemos ser los suficientemente capaces y estar lo suficientemente articulados para que las inquietudes estudiantiles tengan realmente un soporte de manera que puedan incidir. No digo que hay que salir a las calles, por supuesto que hay que salir a las calles. Lo que digo es que además de salir a las calles, abrirle la puerta a los estudiantes y orientarlos. Un estudiante puede decir: “¡Que renuncie Peña Nieto!” Espérese. Vamos a platicarlo. Vamos a ver si es un camino pero vamos a dar el cauce institucional, sólido y crítico. Esta función de los académicos me parece todavía más importante que la de denuncia.

ESTEPARIO: Habló hace un momento de la necesidad de un soporte argumentativo en los movimientos estudiantiles, así como de plantearse objetivos precisos. Y es justamente esta ausencia la que permea las últimas marchas en protesta por lo ocurrido en Iguala. ¿Sería posible articular un movimiento tan grande?

Los estudiantes o quienes participan tienen que plantearse muy bien los objetivos. ¿Qué queremos realmente? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Muchas veces cuando se carecen de objetivos o hay varios objetivos entonces no hay un movimiento social articulado. Me parece que eso es lo que está pasando. Por supuesto queremos que aparezcan vivos pero también queremos que haya sanción, ¿Sanción a quiénes y cómo? ¿Realmente la renuncia del Procurador o la renuncia del Presidente nos van a entregar un mejor México? Insisto: tenemos que precisar muy bien nuestros objetivos y una vez que consensemos eso, si eso es posible porque me parece que no lo es dada la dimensión del hartazgo de la sociedad mexicana, quizá se pueda avanzar. Si no es posible tendremos que soportar todos los que busquemos lo mismo.

Debemos perseguir nuestros objetivos y soportarlos con aquellos que persigan lo mismo. Muchos dirían: “Eso va a fragmentar el movimiento”. Bueno. De lo contrario corremos el peligro de ser una masa que avanza sin saber exactamente a donde y como toda masa, se puede llegar a otras cosas cuyo desenlace tampoco puede ser bueno.

 ESTEPARIO: El pasado 21 de octubre, para sorpresa de muchos, se llevaron a cabo elecciones dentro de la Facultad de Derecho para que el estudiantado decidiera si se unía al paro nacional o no. Hay una idea generalizada de apatía en torno al estudiante de derecho. ¿Qué papel, en particular, tenemos los estudiantes de Derecho?

 Por supuesto. El estudiante universitario debe participar, está obligado a participar. Es una exigencia que la sociedad debe hacer al estudiante universitario, sobre todo al universitario público como la UNAM.

¿Por qué digo que es una obligación? Porque si los jóvenes no se manifiestan la sociedad está muerta, es una sociedad completamente apática. Los que ya trabajamos, quienes tienen una familia, no se pueden dar el lujo de faltar a sus trabajos porque les descuentan el día, etc., ya no puede asistir porque tienen otros interés; sin embargo, los jóvenes tienen la obligación de denunciar y de componer al país de acuerdo a su perspectiva. Tal vez a ustedes les toque estar en las posiciones directivas, serán ustedes los que estén allá y me parece que deben tener muy claro cuál es el escenario actual y participar.

Yo celebré que alrededor de cuatro mil estudiantes participaran en la votación. Es un número inédito para la Facultad y, sin embargo, luego se cayó esa participación como si hubiéramos hecho algo malo, como si los estudiantes al cerrar la facultad hubieran rebasado una frontera equivocada. Y entonces hubo muchos cuestionamientos de profesores, de personas hablando de la legalidad y de cómo es posible que ésta se haya franqueado. Yo tengo mis opiniones al respecto, un poco encontradas pues soy de la idea de dejar a los estudiantes manifestarse hasta donde ellos quieran. Yo les dije a mis estudiantes: “Si abren la facultad vengo a dar clase porque es mi obligación y además lo disfruto muchísimo, pero también sepan que estoy con ustedes para darles ese cauce institucional”.

Debo decir con tristeza que a muchos estudiantes no les interesaba estar al tanto. Tal vez tienen otros intereses. Es muy difícil hablar en términos generales. Lo que quiero decir es que el estudiante debe aprovechar su condición de estudiante y de joven para poder decir lo que quiere decir.

 


*Es licenciado y doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares España; ha realizado estudios doctorales en la Universidad del Insubria y en la Universidad Estatal de Milán; en el verano de 2012 realizó una estancia de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público en Heidelberg, Alemania.

Actualmente es profesor de tiempo completo, en el área de Derecho Internacional, en la Facultad de Derecho de la UNAM, y profesor titular en El Colegio de México, en el Centro de Estudios Internacionales.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​