La búsqueda de la libertad en las manifestaciones

Ana Arrevillaga y Lilia García
Facultad de Derecho, UNAM

 

El pasado 18 de noviembre, en un acto de Estado, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que las protestas convocadas a raíz de la desaparición desde hace más de dos meses de 43 normalistas en Ayotzinapa, no tenían claro su objetivo. Estos comentarios encendieron una alarma que llamó la atención de medios y columnistas al sostener que pareciera que éstas, respondieran a un interés único de generar desestabilización,  desorden social y sobre todo de atentar contra el proyecto de Nación que venimos construyendo[1]. 

El descontento, rabia y dolor a raíz de estas desapariciones -que sólo forman parte de una realidad y modus operandi que impera en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, por mencionar algunos-, permeó entre hombres y mujeres del país y extranjero. Todo ese cúmulo de sentimientos, aunado al descontento y malestar social generalizado, se ha expresado sistemáticamente desde el día de la desaparición de los 43 normalistas a través del derecho a la manifestación de diferentes maneras, contenido en el artículo sexto de nuestra Carta Magna, como una forma de alzar la voz y hacernos escuchar.

Sin embargo, pareciera que esa capacidad de reflexión de la realidad y exigencia, se ve opacada por las últimas detenciones y actos de vandalismo. Y es que, aunque la violencia es repudiable y anula el sentimiento cívico y responsable que una marcha conlleva, pareciera ser que el sólo ejercicio de pensar, hablar y escribir incomoda a nuestro Ejecutivo y a gran parte de su Gabinete.

Es principalmente, bajo el alero de dicho artículo, que los jóvenes han encontrado un espacio a sus ideas al poder manifestarse pacíficamente. Y es que ya lo decía José María Luis Mora, considerado uno de los máximos defensores del liberalismo en nuestro país, al sostener que resulta muy poco favorable para la institución y la Nación misma, poner límites a la libertad de pensar, hablar y escribir. Por tanto cuando nosotros estamos bajo la dirección de un gobierno, que debe su existencia a semejante libertad, no podrá conservarse sino por ella, y cuyas leyes e instituciones le han dado todo el ensanche y latitud de que es susceptible, no perdonando medio para garantizar al ciudadano este precioso e inestimable derecho[2].

Es precisamente en la capacidad de acción de cada ciudadano, adhiera o no a una manifestación, en que se puede exigir al Gobierno actuar conforme a las leyes que lo sostienen. De ahí deviene el principio básico, y tan recientemente utilizado, de “Estado de Derecho”.

El pasado 27 de noviembre de 2014, Enrique Peña-Nieto anunció una serie de medidas para así robustecerlo. Sin embargo, debemos detenernos a reflexionar como ciudadanos, ¿qué significa dicho concepto? Tal como lo  explicaba Sergio Márquez, académico de la UNAM, para que una sociedad funcione de buena forma es necesario que el Estado se legitime a través del Derecho, ya que este último limita su actuar y el del gobernado. Aunque, asegura, a pesar de estar dirigiéndonos hacia un verdadero Estado de Derecho, es necesario que tanto el sistema como la voluntad política y las exigencias sociales coincidan a cabalidad.

 El término Estado de Derecho utilizado recurrentemente por el Ejecutivo  ha llegado a  ser un término técnico y ambiguo para la sociedad, Elías Díaz nos establece 4 características generales del Estado de Derecho[3].

1.- Imperio de la ley

2.- Separación de los poderes

3.- Legalidad de los gobiernos: su regulación de la ley y el control judicial

4.- Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídica y realización material

Detengámonos a reflexionar el punto 3 y 4. La legalidad y legitimidad de los gobiernos implica que este orden jurídico es conocido y reconocido como válido y que, a su vez, es utilizado por los miembros de la sociedad para coordinar sus acciones. 

Las garantías fundamentales que proporciona la Constitución para resguardar nuestros derechos fundamentales, no deben ser vulneradas ni mucho menos menoscabadas por ir en contra de los intereses de la clase política que conforma el  Gobierno, ni por sonar incómodos ante la incompetencia de las acciones tomadas por dicho grupo. Su legitimidad y legalidad se ven mermadas, ya que como se menciona anteriormente, la sociedad debe utilizar, conocer y reconocer las leyes como parte del Pacto Social. Actualmente existe un resquebrajamiento de éste último ya que no existe una coincidencia entre el sistema con la voluntad política y las exigencias sociales. 

Como mencionaba Ferdinand LaSalle: en casi todos los Estados modernos vemos apuntar, en un determinado momento de su historia, la tendencia a darse una Constitución escrita, cuya misión es resumir y estatuir en un documento, en una hoja de papel, todas las instituciones y principios de gobierno vigentes en el país[4].

En donde nuestra Constitución, nuestras leyes se transforman en simples hojas de papel. ya que la mayoría de ella vela por lo intereses de los “Factores reales de poder” – mencionados por Lasalle- y no realmente por la necesidades la sociedad. 

Las medidas anunciadas por el Ejecutivo, apuntan a robustecer el aparato sólo en materia de seguridad junto a un cambio sustancial en materia económica, ya que él mismo también adujo que el país no debe continuar por la ruta de la desigualdad y la división. Y es cierto. No debemos. Como ciudadanos deberíamos saberlo. Porque si Iguala y las múltiples desapariciones que se han desatado en Michoacán, Tamaulipas y el propio Guerrero, nos dejan indiferentes, entonces no seríamos merecedores de ese tan anhelado y tan usado “Estado de Derecho”.

Y es que pese a los recientes hechos en donde un grupo de estudiantes fue procesado por tentativas de homicidio y terrorismo, y enviados a cárceles de máxima seguridad en un lapso no mayor a un día, el concepto “Estado de Derecho”, contrasta al darnos cuenta que un alcalde y su esposa, a quienes tras comprobárseles diversos delitos por los estudiantes de Ayotzinapa, aún cuentan con los medios necesarios para evadir sus responsabilidades legales. ¿Por qué esto último no se condena tajantemente?, ¿dónde queda representado el tan hablado “Estado de Derecho”?, ¿dónde cuando el Ejecutivo carga con la sombra de un potencial conflicto de intereses? Por tanto, no olvidemos que el Estado de Derecho no es una estructura legal inmutable. Depende, para su conservación y reforzamiento, de nuestra acción, en la que per se radica su debilidad y su fuerza.

Frente a este concepto y nuestra realidad, los jóvenes de hoy contamos con muchos medios a nuestra  disposición para continuar pensando, hablando y escribiendo. Incluso -como Boaventura de Sousa Santos dirigiera unas palabras a la juventud mexicana- a organizarnos, dado que somos la esperanza de propiciar cambios. Porque frente a todos los hechos de desapariciones y detenciones estudiantiles, lo único que nos resta es una suerte de esperanza. Porque los poderosos criminales saben que sin esperanza no hay resistencia ni cambio social[5]. A eso también debería aludir “Mover México”: moverlo en una dirección de acción y libertad. Una que nos motive e inspire a actuar, aún sin la necesidad de marchar. Una libertad que nos invita a reunirnos para comprender nuestra realidad junto a nuestros pares, a escribir estas líneas con el objetivo de pensar y generar conciencia.

También estamos llamados a “hablar”. A hablar de aquello político y no sólo para la discusión agria de sobremesa, sino con el objeto de que al comunicar se produce nuevo conocimiento y se nutre el propio. Es en dicho conocimiento donde existe información; información que analizada y corroborada se transforma en argumento. Un argumento tan sólido como aquellos que deben y deberían manejar nuestros legisladores y hasta nuestro mismo Presidente. Y sino, deberíamos de exigírselos. Porque si no lo hacemos nosotros, ciudadanos de este país, ¿entonces a quién estamos esperando que lo haga?, ¿cuánto más debemos permitir que suceda en nuestro territorio para que abramos los ojos y seamos activistas, sin necesidad de ir a marchar, pero sí activos de pensamiento y por tanto vivir y hacer valer nuestro sentido de libertad?, ¿qué estamos esperando para alzar la voz, actuar y Mover a México?


[1]  http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/19/993055
[2] Mora, Jose María Luis. Discurso sobre la libertad de pensar, hablar y escribir. En Filosofía Mexicana. Editorial Porrua, México, p. 114.
[3] Díaz, Elías. Estado de Derecho y sociedad democrática, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1966, p.18
[4] Lasalle, Ferdinand. ¿Qué es la Constitución?, Editorial Ariel, Barcelona, 1997  p.49
[5] http://www.jornada.unam.mx/2014/11/16/opinion/009a1pol