Un breve recuento de las reformas al artículo tercero constitucional

La maestra rural, Diego Rivera. Mural de la SEP Primer patio, planta baja, paisaje del norte, 4.38 x 3.27 m.
Jessica Miroslava Rivera Castillo
Facultad de Derecho, UNAM

LA HISTORIA DE la educación mexicana va acompañada de una estructura jurídica correspondiente a las necesidades y anhelos de un periodo político determinado que, independientemente del signo ideológico del gobierno en turno que las emite, ha pugnado siempre por un progreso significativo en la población.

Desde su incorporación en el texto constitucional de 1917, el artículo tercero sienta las bases de la educación en México, expresando la filosofía política que han adoptado los distintos gobiernos a partir de la Revolución mexicana.

Su antecedente más inmediato se ubica en el mismo numeral de la Constitución de 1857, el cual fue retomado en el proyecto presentado por el general Venustiano Carranza al Congreso Constituyente de Querétaro en 1916, que confirmaba la libertad de enseñanza y establecía que la educación primaria que se impartiera en los establecimientos oficiales sería laica y gratuita.

Sin embargo, la propuesta de Carranza no prosperó y la comisión constituyente decidió ampliar el carácter de laicidad a los establecimientos educativos particulares, sujetándolos a la vigilancia oficial y suprimiendo toda participación clerical en la instrucción primaria, la cual se impartiría de forma gratuita en las escuelas oficiales:

Art. 3. La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.
Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.
Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial (…)

Educación socialista

La primera modificación al texto original fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de diciembre de 1934. Impresa de un contenido ideológico, estableció que la educación a cargo del Estado sería socialista y que, además de excluir toda doctrina religiosa, combatiría el fanatismo y los prejuicios mediante la organización de las enseñanzas y actividades escolares que permitieran crear en la juventud “un concepto racional y exacto del universo y de la vida social”.

La reforma instituida durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se encargó, además, de establecer toda una regulación específica a la educación impartida por particulares. Señaló una serie de requisitos profesionales, morales e incluso ideológicos que cumplir para poder funcionar. En tal sentido, ni corporaciones religiosas, ni los ministros de culto, ni las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realizaran actividades educativas, así como las asociaciones o sociedades ligadas a un credo religioso, podían intervenir en la impartición de la educación ni apoyar económicamente a las escuelas.

Los particulares que estuviesen interesados en impartir educación primaria, secundaria, normal o la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros o campesinos, debían obtener autorización previa y expresa del poder público, sujeta en todo momento a la discrecionalidad de la autoridad para revocarla, sin que procediera recurso alguno en contra de ésta. El Estado podía, así, retirar en cualquier tiempo el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares, reiterando con ello su sentido centralizador, el cual fue duramente criticado por el foro académico y político.

Lázaro Cárdenas, educación socialista.
Lázaro Cárdenas, educación socialista.

La facultad de intervenir en la formulación de planes, programas y métodos de enseñanza, correspondía exclusivamente al Estado, donde el Congreso de la Unión se encargaría de expedir la legislación necesaria a fin de unificar y coordinar la educación en los tres órdenes de gobierno, distribuyendo la función social educativa y fijando las aportaciones económicas correspondientes.

En todo caso, la educación primaria sería obligatoria y el Estado tendría la obligación de impartirla gratuitamente.

El artículo tercero expresa la filosofía política que han adoptado los distintos gobiernos a partir de la Revolución mexicana

Educación democrática-liberal

La segunda reforma fue publicada el 30 de diciembre de 1946 en el DOF. Se suprimió casi la totalidad del contenido ideológico dispuesto por el gobierno cardenista, y, para tratar de evitar el dogmatismo, estableció que la educación impartida por el Estado tendría como fin el desarrollo armónico de las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia.

El carácter laico de la educación fue reforzado con la inclusión de la garantía de libertad de creencias del artículo 24 constitucional, conforme a la cual se señaló que el criterio orientador de la educación nacional estaría por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, lucharía contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, se incluyó que el criterio de la educación sería democrático, considerando a la democracia como un “sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, y nacional, en virtud de que atendería la compresión de problemas internos y al acrecentamiento de la cultura.

De manera específica se indicó que la educación tendría la labor de contribuir a la mejor convivencia humana, aportando elementos que robustecieran, junto con la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad para sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de todos los hombres.

Lo anterior se vio fortalecido con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual señala en su artículo 2 que:

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos…”.

De igual manera, la gratuidad de la educación se conserva y se amplía su cobertura al señalar que toda la educación que el Estado impartiese tendría ese carácter.

Autonomía universitaria

A iniciativa del presidente José López Portillo, el 9 de junio de 1980 fue publicado en el DOF el Decreto por el que se adicionó la fracción VIII al artículo tercero para garantizar constitucionalmente la autonomía universitaria.

De acuerdo con la exposición de motivos, el reconocimiento de la autonomía universitaria reflejaba la posibilidad que habían tenido distintas instituciones a nivel nacional de “garantizar la educación superior y ponerla alcance del pueblo”, asumiendo, por tanto, el Estado el compromiso de “respetar irrestrictamente la autonomía para que las instituciones de cultura superior se organicen, administren y funcionen libremente”; definiéndose, además, como fines atribuidos a las instancias de educación superior el educar, investigar y difundir la cultura, respetando en todo momento “la libertad de catedra e investigación y de libre examen y de discusión de las ideas”. 

Para llevar a cabo el logro de sus fines asignados y preservar la autonomía universitaria de cualquier control político y gubernamental, el legislador reservó constitucionalmente ciertas facultades a las instituciones para que a través de sus órganos y su respectiva ley orgánica o reglamentos pudieran determinar cuestiones de autogobierno, académicas y financieras, como la fijación de programas o planes de estudio o los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico.

En este último punto, la reforma también contempló las modalidades laborales que tendrían los trabajadores universitarios, personal académico y administrativo, ubicándolos dentro del apartado A del artículo 123 de la Constitución, en los términos establecidos por la ley federal en la materia.

Fortalecimiento de la educación privada

La cuarta reforma fue publicada en el DOF el 28 de enero de 1992 y se trató de un replanteamiento constitucional de la educación pública laica y la educación particular.

En ésta se confirmó que la educación impartida por el Estado sería laica, sin embargo, se reconoció la posibilidad a los particulares de poder impartir también educación religiosa. Los planteles particulares dirigidos y administrados por comunidades religiosas o ministros de culto, tendrían el derecho de impartir educación en todos los niveles y grados, siempre con apego a los fines y criterios ya establecidos y siguiendo los planes y programas oficiales.

El derecho a la educación y la concurrencia educativa en el sistema federal

El 5 de marzo de 1993 se publicó en el DOF la quinta reforma al artículo tercero constitucional. Estableció textualmente el derecho de todo individuo a recibir educación, y la obligación del Estado de impartir educación preescolar, primaria y secundaria, siendo estas dos últimas obligatorias.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se otorgó al Ejecutivo Federal la facultad de determinar los planes y programas de estudios de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República, tomando en consideración la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales; eliminando, asimismo, la situación jurídica particular a la que estaba sometida la educación impartida a obreros y campesinos desde 1934.

Por otro lado, se brindó mayor seguridad jurídica a los particulares que impartieran educación en cualquiera de sus modalidades, al señalar que la autorización estatal para poder ejercer dicho derecho, debía darse en los términos señalados por la ley y, de ser el caso, el particular podría solicitar la revisión de la legalidad del acto de autoridad. El mismo supuesto aplicaría también para los casos de otorgamiento o retiro del reconocimiento de validez oficial a los estudios realizados en planteles particulares, confiriéndoles a los estos un medio jurídico de defensa contra cualquier acto discrecional del Estado.

Educación básica obligatoria

Durante el gobierno de Vicente Fox Quezada se realizó una modificación con el objeto de delimitar lo que sería la “educación básica” y el carácter de obligatoriedad que tendría. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del 2002, conformó la “educación básica” en prescolar, primaria y secundaria, teniendo como rasgo común el ser obligatorias.

Para dar cumplimiento al mandato constitucional, se amplió la facultad del Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio de la educación preescolar, y se especificó en los transitorios los plazos en que sería obligatorio el acceso de los educandos a este servicio de conformidad con los convenios celebrados entre el gobierno federal y las entidades federativas, así como el Distrito Federal.

Actualmente, la educación prescolar ya es obligatoria en toda la Republica desde el ciclo escolar 2008-2009.

El respeto a los derechos humanos y la educación media superior

En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se llevaron a cabo dos modificaciones más al artículo tercero.

La primera —con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio del 2011— añadió que la educación impartida por el Estado deberá fomentar, además, “el respeto a los derechos humanos”. La segunda, publicada en el DOF el 9 de febrero de 2012, incluyó un nuevo principio en favor del aprecio y respeto por la diversidad cultural y amplió la cobertura de la obligatoriedad de la educación hasta la media superior, así “como el deber mismo de ofrecer un lugar para cursarla  a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica”.[1]

Para dar cumplimiento a la obligatoriedad se habilitó un plazo mediante el cual, de manera gradual y creciente, se logrará la cobertura total en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas.

Educación de calidad y el nuevo órgano constitucional autónomo

El 26 de febrero del 2013 fue publicada en el DOF la última reforma al artículo tercero de la Constitución. Anteriormente este artículo fue modificado en nueve ocasiones que, para recapitular, contemplaron el derecho humano a la educación, la obligatoriedad de ciertos grados escolares, los objetivos de educación nacional, la concurrencia de los órganos de gobierno, la autonomía universitaria y la gratuidad de la educación impartida por el Estado.

Con esta reforma se estableció, principalmente, la garantía del Estado de impartir educación de calidad;[2] lo cual, por obvio que pudiese resultar, con la introducción de esta calificación se impusieron nuevas cargas a la autoridad que ya no solo median en el ámbito de la regulación y la administración pública, sino también en la satisfacción del individuo.

Enrique Peña Nieto, educación de calidad.
Enrique Peña Nieto, educación de calidad.

Para ello, el legislativo estableció que el Ejecutivo Federal debía tomar en cuenta la opinión de los maestros y los padres de familia en el proceso de la determinación de los planes y programas de estudio; y, adicionalmente, previó la integración de un mecanismo de evaluación para el ingreso y permanencia de los docentes, que incluyera la celebración de concursos de oposición y la posibilidad de anular las designaciones o ascensos que se realizaran sin apego a la ley en la materia,[3] con miras en el propio objetivo de la mejora de la calidad educativa y el servicio profesional docente.[4]

Asimismo, para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), órgano constitucional autónomo encargado de “evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación prescolar, primaria, secundaria y media superior”.

Para ello, el INEE diseñará políticas y lineamientos de evaluación a los cuales se ceñirán todos los órganos de gobierno y difundirá la información correspondiente a los componentes, procesos o resultados del sistema con el objeto de emitir directrices que contribuyan a la toma de decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y la equidad en el país.

Dentro de las adecuaciones en el marco jurídico[5] previstas para dar cumplimiento al artículo tercero, están a) el mejoramiento de la infraestructura de los planteles y la dotación del material educativo suficiente para resolver problemas de operación básicos; b) el establecimiento de las escuelas de tiempo completo; y c) la prohibición de los alimentos que no favorezcan la salud de los educando en todas las escuelas.

Lo anterior parece llevarnos a la transformación del sistema educativo a través participación de todos los niveles del Estado, en quienes recae la obligación de hacer lo necesario para que quienes reciban educación, lo hagan en condiciones de calidad.


[1] Artículo segundo transitorio del Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución, de 9 de febrero de 2012.
[2] Textualmente el inciso d) del artículo tercero señala que la educación “Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”.
[3] Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre del 2013.
[4] En la fracción II del quinto transitorio del Decreto de reforma, se señala “El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente. La evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades”.
[5] Fracción III del quinto transitorio del Decreto de reforma.