La visita del papa y la laicidad

Óscar Cuéllar Briseño

Este 12 de febrero el papa Francisco I visitará nuestro país. La euforia de su visita emociona a muchos feligreses que seguramente acudirán a escuchar la palabra de su líder religioso. Sin embargo, llama la atención que también entre los políticos se suscitan reacciones por la visita del papa. Por un lado, hay una complacencia devotísima por parte del poder ejecutivo, particularmente de su cabeza, el presidente Enrique Peña Nieto, quien se complace en invitar al papa a nuestro país, y a utilizar recursos públicos para el éxito de la visita pastoral del mismo. Por otro lado, tanto Proceso como el portal de Aristegui Noticias, tradicionales medios antigobierno, informaron con entusiasmo que los padres de los cuarenta y tres desaparecidos de Ayotzinapa demandaron una reunión con el pontífice argentino, que al parecer ha provocado simpatías entre la izquierda mexicana por la supuesta liberalidad de un papa que al aludió a la teología de la liberación en su encíclica Laudato si y sus discursos de apertura hacia los homosexuales y otras religiones, la protección al ambiente y la condena de la corrupción en el seno de la iglesia, entre otros temas.

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Más allá de la negativa del papa de reunirse con los 43, lo cual no es el tema de esta columna, resulta interesante que ambas caras de la moneda hayan coincidido en concederle al papa cierto peso en relación con sus objetivos políticos, ya que los sucesos de Ayotzinapa inciden indudablemente en la política nacional, y darían la puerta de entrada a un líder religioso para entrar en la política de nuestro. Ello nos conduce a la pregunta fundamental de esta columna, ¿Y qué pasó con la laicidad?

Y es que la reforma del artículo 40 constitucional, misma que incluyó el vocablo “laica” entre los adjetivos que describen a la república que los mexicanos decidimos constituir, y que fue tan presumida como uno de los logros más importantes en materia de libertad religiosa en México, nos autoriza a formular dicha pregunta. Porque al parecer, a nuestros políticos y medios de comunicación, del bando que sea, se les ha olvidado el significado de esta palabrita, o han tragado demasiadas encíclicas papales (particularmente la supuesta distinción entre laicismo y laicidad elaborada por Benedicto XVI) como para llegar a una comprensión de laicidad lejana a la intención original de introducir dicho vocablo en la constitución. Por lo cual, esperaremos refrescarles un poco la memoria, a ver si cuando estén besando la mano del bien amado pontífice o cuando le estén pidiendo su adhesión a ciertos movimientos políticos, al menos logren advertir su hipocresía.

Hay que decir que el punto central de la reforma respondía a las dificultades históricas en la relación entre la iglesia católica y el estado mexicano. Por un lado, se encontraba la reglamentación de las iglesias en el 124, que a juicio de muchos era jacobina en extremo, ya que entre otras cosas negaba la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas. Por otro lado, se encontraba la enorme influencia negativa que ha ejercido la Iglesia Católica en la historia de la política nacional, apoyando movimientos abiertamente antidemocráticos, con el único objetivo de salvaguardar sus intereses nada celestiales (o debería decir, ¿demasiado terrenales?).

Por todo lo anterior, en la exposición de motivos del decreto de la reforma a los artículos 40 y 115 de la Constitución, publicado el 30 de noviembre de 2012, los diputados Rafael García Tinajero del PRD y Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante del PRI defendieron un concepto de laicidad que implicaba la neutralidad de las personas que ejercen el poder público respecto de la pluralidad de opciones religiosas en nuestro país, es decir, la aconfesionalidad de los miembros del gobierno.

Pregúntese el lector si este concepto de laicidad implica la promoción de la visita de algún líder religioso o la consulta de políticas públicas con el señor Bergoglio, tal y como lo entiende el actual presidente y sus allegados. Pregúntese también si este entusiasmo por la aparente “laicidad” de Peña Nieto al visitar a Francisco el día de su elección al pontificado es respecto del concepto constitucional, que según el artículo 40 el pueblo eligió como característica esencial de su gobierno republicano, o el de “laicidad” esbozado por la iglesia católica, que se opone al laicismo como mera neutralidad y ausencia de Dios en la vida cotidiana, y que busca una participación activa de los funcionarios católicos para llevar la presencia de Dios dentro de la sociedad, valorando y promoviendo el fenómeno religioso.

A mi juicio, la respuesta es clara: un Estado laico debe ser primordialmente neutral, y necesariamente debe conllevar una visión a-religiosa del mundo, de la sociedad y de la vida. El que ello es así no implica la limitación de la libertad religiosa, antes bien la promueve y la protege, porque toda adopción de una valoración religiosa del mundo implica necesariamente la valoración de una religión determinada.

En efecto, es imposible defender, por una parte, la neutralidad del Estado en cuestiones religiosas, y por otro lado que este considere a Dios como necesario en la vida cotidiana, aunque sea para la mayoría de la población católica mexicana, y aunque sea sólo desde un punto de vista moral, como lo aseveró hace unos días el Titular de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, ya que la moral de una religión es necesariamente un sistema moral desde el punto de vista de una concepción religiosa determinada, que por lo tanto excluye necesariamente al resto de los sistemas morales que no comparten su concepción.

¡Qué fácil es que una ideología aparentemente abierta puede convertirse en un discurso autoritario! un “Si Dios no existe, todo está permitido” como el de Iván Fiodoróvich, puede paradójicamente desembocar en el peor de los totalitarismos, pues eso no excluye la posibilidad de que la autoridad terrenal, con la condición de permitir lo que Dios prohibía, manipule a sus súbditos para aceptar la más dilatada de las tiranías. Además, bajo la protección de un pluralismo mal entendido, los grupos conservadores frecuentemente suelen asegurar su influencia al afirmar que tienen el mismo derecho que cualquiera para expresarse libremente y manifestar lo que consideran correcto, aunque ese “correcto” implique un favorecimiento de sus creencias respecto de las creencias de los demás.

Y es que el discurso religioso, incluso aunque sea tolerante, no deja de ser una visión unitaria del mundo, siempre dispuesta a amenazar cualquier concepción contraria. Por ello, el buscar que el papa ayude a las víctimas de los 43 es tan peligroso como lo que hacen los políticos mexicanos al hacer carabanas al sumo pontífice, como hace tanto el ejecutivo federal como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de los Estados. Y es que la libertad, un concepto abstracto y difícil de valorar y entender, puede convertirse en el mejor pretexto a la tiranía: baste recordar otra lección de Los hermanos Karamazov: la paradoja del Gran Inquisidor es aparentemente defender la libertad para coartar la libertad.

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Óscar Cuéllar Briseño es estudiante en la Facultad de Derecho de la UNAM, y colaborador de Revista Estepario