Diversidad Sexual y Derechos Fundamentales

Gerardo Mata Quintero*| Facultad de Jurisprudencia, Universidad          Autónoma de Coahuila

En la actualidad, la diversidad sexual se ha posicionado como un tema frecuente en el mundo, una lucha civilizada se desarrolla por el reconocimiento de los derechos de todas las personas con preferencias distintas. Esta lucha se libra tanto en la arena legislativa como jurisdiccional. Gerardo Mata se encarga de algunas preguntas, tales como si la moral de una sociedad o la opinión pública deben prevalecer sobre las preferencias sexuales de una minoría.

Una constitución, en pocas palabras, es democrática no tanto porque es querida por todos, sino porque sirve para garantizar a todos
Luigi Ferrajoli, De la Carta de Derechos a la formación de una esfera pública europea

Introducción

EL DISCURSO de los derechos humanos, o como prefiero llamarle, de los derechos fundamentales, es actual y recurrente. El paradigma del neoconstitucionalismo y de la entrada en juego de los derechos fundamentales en nuestras democracias, hace que se presenten muy serios cuestionamientos sobre la manera en que percibimos al Derecho, y en cómo pretendemos su aplicación en la vida diaria; nos pone a repensar figuras e instituciones jurídicas antiquísimas, que, sin embargo, hoy pueden considerarse por algunos como disfuncionales, o incluso, que llegan a impedir el progreso hacia una sociedad más incluyente y un Estado más humanista. Una de esas preocupaciones han sido las minorías sociales, dentro de las cuales las de diversidad sexual se han hecho escuchar. Mientras en Uganda se discutía la ley que impone la pena de muerte a los homosexuales en caso de reincidencia, en México se discutían iniciativas de leyes locales para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Después, el debate se vuelve exponencial cuando se da en la Corte Suprema de los Estados Unidos, opacando diversas decisiones de otros Tribunales Constitucionales en materia de los derechos de las personas con una orientación sexual diferente. El presente escrito es sólo un esbozo de lo que representa la discusión total, que intenta, únicamente, recopilar y presentar los posicionamientos más recientes, haciendo breves comentarios al respecto, desde el estudio de los derechos fundamentales.

Los poderes públicos frente a la situación

En el mundo se han dado diversos posicionamientos con respecto a la realidad de la homosexualidad y a su reflejo jurídico. Haré alusión a algunos de los más recientes.

Podría pensarse que ha sido ya superada aquella vieja discusión sobre la penalización de las conductas “inmorales” de la sexualidad, a través de la que se trata de identificar si hay límites o no, y cuáles son, de la moralidad sexual digna de castigo o de impunidad (Ríos Vega 2007, 5). Pero no, no se puede dejar de lado el famoso debate entre el “moralismo legal” y el “individualismo moral”. El primero de ellos es sustentado por Devlin (1980), quien defiende la criminalización de la homosexualidad, afirmando que puede utilizarse al Derecho Penal para la salvaguarda de la moralidad, que es imprescindible para cualquier sociedad. El “individualismo moral”, defendido por Hart (1980), siguiendo la tesis de libertad y el principio de daño a terceros de Mill (1991), sostiene que la intolerancia, indignación o repugnancia de una conducta inmoral carece de un daño relevante, por lo que no debe ser punible. En realidad este debate sigue en pleno apogeo en países como Uganda, donde desde 2009 se ha promovido una ley anti homosexualidad[i] que “complementa” la legislación actual al no sólo criminalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, sino también los actos sexuales entre homosexuales, e incluso la ayuda, respaldo, asesoramiento o apoyo de actos considerados como homosexuales, imponiendo, a éstos últimos, sanciones de 7 años de prisión; a quienes cometan el delito de homosexualidad les corresponderá prisión de por vida, mientras que a los que cometan el delito de homosexualidad agravada merecerán la pena de muerte. Este proyecto de ley es un reflejo del Derecho Penal de autor, pues toma en cuenta la característica de ser homosexual, entrometiéndose en la personalidad del ciudadano y tratando de «transformarlo moralmente mediante medidas premiativas o punitivas irrogadas por lo que él es, antes que por lo que él hace» (Ferrajoli 2010a, 206); además, pretende recoger valores morales de la sociedad ugandesa para prohibir los actos homosexuales, soslayando con ello que “[…] no basta con que [un hecho] sea considerado reprobable para que tenga que ser prohibido” (Ferrajoli 1995, 460), sino que es necesario, además, que ocasione un “daño perceptible a cualquier individuo determinado” (Mill 1991, 130).

Afortunadamente, en otros países el debate ya no se centra en la criminalización de la homosexualidad. No obstante, lo que actualmente tanto se discute es qué grado de aceptación y protección merecen las personas con orientación sexual diversa. El punto central, generalmente, se reduce al tema del matrimonio, pues de ello se pueden derivar múltiples controversias. Y es que, en mi percepción, el matrimonio debe de dejar de entenderse como un mero contrato civil que puede ser regulado con amplia discreción por el legislador, como lo han sostenido diversos tribunales[ii]. Debe tomarse en consideración que el matrimonio origina muy diversas consecuencias sociales, personales y legales[iii], como por ejemplo, el acceso a la seguridad social y a los pagos de pensiones, los derechos sobre la sociedad conyugal y la solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones; legitimación para acceder a indemnizaciones en caso de accidentes o de la muerte del cónyuge, así como el derecho de sucederlo; el uso del apellido del cónyuge; la facultad de eludir la obligación a testificar en juicio contra el cónyuge; o cuando se trata de un cónyuge extranjero, la posibilidad de obtener la residencia o la ciudadanía; entre muchos otros derechos que les pueden ser conferidos al núcleo matrimonial[iv]. Con todo lo anterior, se entiende que el matrimonio funciona no como un simple contrato civil, sino como una fuente muy variada de derechos y obligaciones necesarias para tener una vida plena. Así, “no es razonable que las parejas homosexuales queden al margen de este tipo de derechos civiles y sociales” argumentando que no se ajustan a la concepción del matrimonio entre hombre y mujer para la procreación (Ríos Vega 2009, 886).

Es en el contexto descrito en que se desenvuelve la discusión actual en varios países, tan es así, que en diversos lugares se ha entendido que es una lucha por los derechos civiles de las parejas del mismo sexo. Así, sólo en 11 países del mundo[v] se ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. En otros países, como Uruguay, Francia, Reino Unido y Nueva Zelanda, se han presentado iniciativas encaminadas en el mismo sentido, pero que no han sido totalmente aprobadas legislativamente[vi]. En 2012, en Australia la iniciativa correspondiente fue rechazada. En 76 países del mundo se prohíbe la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo.

Pero el matrimonio no ha sido concebido como el único medio jurídico para la creación de derechos y obligaciones para las parejas conformadas por personas del mismo sexo. En 22 países[vii] y algunas regiones no nacionales[viii], se han previsto otras figuras equiparables al matrimonio, pero sin ser tal. Esta opción, sin embargo, ha sido jurídicamente insuficiente. Primero, porque, generalmente, no se le adscriben los mismos derechos ni obligaciones que al matrimonio, por ejemplo, en algunas legislaciones no se les permite adoptar o tener los mismos beneficios de seguridad social. Luego, hay que aceptar que cuando se habla de una “unión civil” similar al matrimonio, se está frente a una medida diferenciadora de trato. No obstante, esta diferencia de trato no es suficiente para determinar su ilegitimidad, pues hay ocasiones en que ella estará justificada por ser “racional y objetiva”[ix], e incluso exigida por la norma constitucional[x] o convencional[xi]. Por ello, para que sea injustificada, se debe de tratar de una acción que discrimine a personas en situaciones análogas[xii]. Para mí es claro que existe una diferencia objetiva entre las parejas heterosexuales y las homosexuales, pues es innegable su diferente orientación sexual. Con lo que tendría problema es de calificar como «relevante» tal diferenciación, debido a que en “ambos casos se trata de la unión de dos personas plenamente capaces, que pretenden formar una comunidad de vida para construir un proyecto común”[xiii].

Por lo anterior, y dado que “donde la orientación sexual es una cuestión, hay una particular necesidad de ofrecer razones convincentes y relevantes para justificar una diferencia de trato con respecto a los derechos” (Falletti 2011, 26), es cuando se entiende que la creación de modalidades legislativas distintas del matrimonio son discriminadoras y atentan contra el principio de igualdad de las personas consagrado en múltiples ordenamientos jurídicos y que permea en el orden público nacional e internacional[xiv].

Luego, este debate no ha sido exclusivo de la sede legislativa. En algunas partes del mundo se ha optado por la vía jurisdiccional, frente al rechazo que se encuentra en la norma. Son de resaltar los casos europeo, costarricense, chileno, alemán español, sudafricano y norteamericano y mexicano.

En síntesis, la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) ha decidido que tanto el matrimonio heterosexual como el homosexual están protegidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (art. 12°) y por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 9°), pero corresponde a cada Estado europeo decidir si permite normativamente o no ambos tipos de matrimonios[xv]. Algo similar sostuvo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además de decir que una relación homosexual estable no es equiparable a la de una pareja casada o sin vínculo matrimonial con una persona del sexo opuesto[xvi]. En cuanto a la adopción, la Corte Europea ha establecido que la orientación sexual, en ningún caso, puede ser un parámetro razonable que pueda tomarse en cuenta al momento de otorgar o no la adopción, pero que ello no implica la obligación para los Estados el permitirla o no a las parejas del mismo sexo[xvii].

Por lo que hace a Costa Rica y Chile, sus respectivas cortes supremas han rechazado la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, al resolver una acción de inconstitucionalidad, dijo que las parejas homosexuales no están en la misma situación que las heterogéneas, por lo que el legislador está facultado para darles un trato diferenciado[xviii]. En Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago formuló un requerimiento a la Corte Suprema para que se pronunciara sobre la (in)aplicabilidad del precepto del código civil que establece el matrimonio, después de que a tres parejas de hombres se les negara su inscripción en el registro civil como matrimonios; la Corte Suprema resolvió que no podía estudiar algún vicio de inconstitucionalidad, ya que los efectos y la regulación del matrimonio son propios de la «reserva legal» y no constitucional[xix].

En cuanto a Alemania, después de aprobarse la ley de 16 de febrero de 2001 que reconoce las «uniones de hecho» entre personas del mismo sexo, los estados-federados de Sajonia y de Baviera promovieron recursos de inconstitucionalidad en su contra. El Tribunal Constitucional Federal determinó que no se lesionaba el derecho fundamental al matrimonio, pues se trataba de una institución jurídica diversa, con diferentes derechos y obligaciones, que no goza de la misma protección iusfundamental que el matrimonio[xx]. No obstante, recientemente el mismo tribunal ordenó la modificación de la legislación actual que prohibía a una persona homosexual adoptar a un niño que adoptó con anterioridad su pareja, pues la consideró inconstitucional por violar el derecho de igualdad de trato.

Con referencia a España, el 2 de julio de 2005 se publicó la Ley 13/2005 que modificó el código civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin limitar la posibilidad de adopción. En septiembre se promovió un recurso de inconstitucionalidad que fue resuelto en sentido contrario a la petición. Esto es, se declaró la constitucionalidad de la reforma, pues con ello no sólo no se desnaturaliza la institución matrimonial, sino que también se garantiza la dignidad de la persona y su libre desarrollo[xxi].

En cuanto al caso sudafricano, la Corte Constitucional de Sudáfrica adujo que la ley había fallado en asegurar la dignidad de las parejas del mismo sexo, y que estaban excluidas y marginalizadas, por lo que declaró la inconstitucionalidad de la ley del matrimonio por ser inconsistente con las normas constitucionales de igualdad y dignidad[xxii].

En Estados Unidos, a finales de marzo, la Corte Suprema escuchó argumentos de la (in)constitucionalidad de la Propuesta 8 –enmienda constitucional que prohíbe el matrimonio homosexual en el estado de California- y el Acta de Defensa del Matrimonio, que limita la definición de matrimonio a las parejas heterosexuales. Se espera que se emita una decisión en junio. Lo que resalta de esto es que, según los medios de comunicación con acceso a las audiencias, los justices cuestionaron la imposibilidad de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, pero algunos de ellos también lo hicieron respecto a la utilidad de discutirlo. Es decir, lo tomaron como si el tema se tratara de algo trivial que no necesita mayor pronunciamiento. Esto, sin embargo, podría no ser lo ideal, pues la función principal de la jurisdicción constitucional es cuidar el cumplimiento de las normas constitucionales –especialmente los derechos- por los órganos públicos (Nohlen 2008, 16 y 25), que son de especial protección constitucional (Brohm 2008, 351).

Finalmente, llegamos al caso mexicano. En el Distrito Federal y en Quintana Roo se permite el matrimonio homosexual, en el primero por una reforma legislativa de 2009, y en el segundo porque el código civil nunca ha limitado el matrimonio a las parejas heterosexuales. En estados como Coahuila y Yucatán se han presentado proyectos de reforma para permitir los matrimonios. En Colima la situación es llamativa, puesto que el oficial mayor del registro civil del municipio de Cuauhtémoc ha autorizado la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo basándose en su obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (art. 1°, párr. 3°, CPEUM). Dado que el artículo 147° de la Constitución local estipula expresamente que el matrimonio es un contrato «entre un solo hombre y una sola mujer», se podrá pensar que la facultad-obligación del artículo primero constitucional resulta acotada al ámbito de sus competencias, y dado que la función del oficial es registrar los actos del estado civil que la ley autorice, pero no decidir quiénes pueden casarse y quiénes no, pues eso le compete al legislador, entonces, su actuación no se encuentra amparada por la Constitución. Asimismo, admitir que cualquier funcionario puede dejar de aplicar las leyes, podría causar un caos normativo y propiciar la inseguridad jurídica. Tales afirmaciones son imprecisas. La protección de los derechos fundamentales exige, precisamente, que cualquier autoridad desaplique las normas que contravengan los derechos establecidos constitucional y convencionalmente. Cabe decir, además, que todos los funcionarios públicos juran lealtad a la Constitución, no a la ley, por lo que deben preferir la prevalencia de aquella sobre ésta, aún frente a la voluntad popular (Dworkin 2010, 118).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en dos ocasiones en relación de la reforma de 2009 en el Distrito Federal. La primera, en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, en la que resolvió la constitucionalidad de las modificaciones legales, toda vez que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de configurar libremente el matrimonio. En segundo momento, al declarar improcedentes las controversias constitucionales 13/2010 y 14/2010 promovidas por los gobiernos de Baja California y Jalisco, respectivamente, en las que se aducían la violación de su soberanía local toda vez que tenían que reconocer y darles efectos a los matrimonios homosexuales celebrados bajo la legislación capitalina. A mi parecer, la causa de improcedencia que la SCJN estimó actualizada –falta de interés legítimo- no era notoria ni manifiesta, pues estaba ligada al fondo del asunto, por lo que debió de entrarse a su estudio. Además, con ello se habrían podido establecer claramente los efectos que los demás estados debían otorgarle a los matrimonios celebrados válidamente en el D.F., que, sin duda, deberían de ser exactamente los mismos que les correspondieran a los matrimonios entre personas de distinto sexo, pues lo contrario vendría a crear situaciones evidentemente discriminatorias[xxiii].

El pronunciamiento más reciente que ha hecho la SCJN sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, tuvo lugar en diciembre de 2012, cuando se decidió conceder el amparo a tres parejas del mismo sexo que intentaron casarse ante el registro civil de Oaxaca, lo cual les fue denegado por las autoridades locales. En estos juicios[xxiv] se resolvió realizar una interpretación conforme del precepto que establece el matrimonio, para que ahí donde dice entre hombre y mujer, se entienda que dice «entre dos personas». Creo que lo mejor que la SCJN pudo haber hecho es declarar la inconstitucionalidad de la norma[xxv], para con ello abrir dos posibilidades: 1) la declaratoria general de inconstitucionalidad (art. 107°, fracc. II, CPEUM); 2. sentar jurisprudencia que podría ser invocada por otros quejosos que combatieran una norma análoga en sus estados.

Por último, quiero comentar brevemente la decisión de la SCJN de considerar palabras como “puñal” y “maricón” como «lenguaje discriminatorio» que constituye un «discurso homófobo»[xxvi], por lo que su uso puede causar daño moral. En este caso, me parece que se presenta la clásica cuestión de una colisión entre derechos: libertad de expresión frente a la no discriminación motivada por la orientación sexual, lo que nos conduce a la pregunta: ¿hasta dónde puedo expresar libremente lo que pienso? La contra pregunta puede formularse así: en una democracia todos tienen voz y pueden expresarse, ¿excepto aquellos que califiquemos como no “deseables”, y que, por tanto, podamos privarles de voz?

Para concluir

La lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales –o de cualquier orientación sexual diferente- es constante. Se ha avanzado en diversas materias, pero es cierto que no se ha terminado, y seguirá vigente en sedes jurisdiccionales o legislativas. Lamentablemente, es verdad que las sociedades estigmatizan, desprecian y segmentan, de ahí que existan las protecciones constitucionales, como el derecho a no ser discriminado[xxvii], y de ahí, también, que las mayorías deban de tener límites que no puedan traspasar en detrimento de las minorías. Esos límites son los derechos fundamentales, que resultan inviolables, inalienables y no negociables (Ferrajoli 2010b, 290). La incorporación de estos derechos a los Estados Constitucionales de Derecho reafirma a la dignidad humana como un valor fundamental que implica la prohibición de que las personas sean tratadas como meros instrumentos para la consecución de fines que le son ajenos. Esto porque de la dignidad se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad[xxviii].

Así, el Estado debe limitarse a no intervenir en la capacidad de cada persona de elegir libremente los planes de vida de acuerdo con sus propias preferencias (Vázquez 2006, 141). Pero no sólo eso, sino que debe, además, crear las condiciones necesarias para que el individuo pueda elegir libremente lo que más le conviene, conforme a sus valores, ideales, expectativas y gustos, prevaleciendo su derecho a ser como es y a permanecer como tal, sin tratar de imponerle alguna otra opción de vida, pues «el público no tiene derecho a intervenir en los gustos y asuntos personales del individuo» (Mill 1991, 136).

Si se entiende que la dignidad humana constituye un mínimum invulnerable que todo ordenamiento jurídico debe asegurar (Lefranc 2011, 58), entonces la necesidad de un Estado laico se hace palpable. Es recurrente que en los temas de homosexualidad, las religiones se expresen al respecto, por lo que la solución no está en excluirlas del debate público, sino en apelar únicamente a «algún objeto o hecho que es intrínsecamente valioso», como los derechos humanos para la toma de decisiones, privilegiando, el Estado laico, la «imparcialidad» ante las diversas creencias de los ciudadanos, fundándose en la «tolerancia» y el «antidogmatismo» (Vázquez 2006, 74-83), lo que implica que no se inmiscuya en la vida moral de las personas, defendiendo o prohibiendo estilos morales de vida, toda vez que su único deber es garantizar la igualdad (Ferrajoli 2010c, 154).

Por todo lo anterior, la dignidad humana impone que el Estado replantee todo el aparato jurídico, para hacerlo conforme con los derechos humanos, que son inderogables, imperativos e indisponibles[xxix] por las sociedades, por más que éstas sean incapaces de «prescindir de la intransigencia, la indignación y la repugnacia» (Devlin 1980, 153) que cause la diversidad sexual. Ese es, precisamente, el fundamento axiológico de los derechos fundamentales: la protección del más débil frente al más fuerte (Ferrajoli 2001, 363).

Estepario.logo.E*Investigador en la Academia Interamericana de Derechos Humanos y colaborador del blog El juego de la Suprema Corte en la revista Nexos


Notas al pie
[i] Consultable en http://wthrockmorton.com/wp-content/uploads/2009/10/anti-homosexuality-bill-2009.pdf
[ii] Véanse las sentencias: Schalk and Kopf v. Austria, de 24 de junio de 2010, [FS], no. 30141/04, de la CEDH, donde hace referencia al «margen de apreciación» en la «regulación normativa de cada Estado contratante», cfr. §§61, 105 y 108; acción de inconstitucionalidad 2/2010, de 16 de agosto de 2010, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se sostiene la «libertad de configuración normativa» del legislador, cfr. §§226-227, 258 y 272; Rol N° 1881-10-INA, de 3 de noviembre de 2011, de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile, que hizo valer el concepto de «reserva de ley», cfr. considerandos quinto a séptimo.
[iii] Cfr. Christine Goodwin v. The United Kingdom, de 11 de julio de 2002, [GC], no. 28957/95, de la CEDH; §99.
[iv] Cfr. Schalk and Kopf v. Austria.., cit., de la CEDH; §§31-34.
[v] Países Bajos (01.04.2001), Bélgica (30.01.2003), España (03.07.2005), Canadá (20.07.2005), Sudáfrica (30.11.2006), Noruega (01.01.2009), Suecia (01.05.2009), Portugal (05.06.2010), Islandia (11.06.2010), Argentina (15.07.2010), y Dinamarca (15.06.2012).
[vi] En Uruguay, ambas Cámaras del Congreso han aprobado la iniciativa, (el 2 de abril de 2013 por el Senado), falta que el proyecto regrese a la Cámara Baja debido las adecuaciones que le hizo el Senado; de aprobarse, Uruguay pasaría a ser el décimo segundo país en el mundo en aprobar estos matrimonios. En Francia, el proyecto de ley fue aprobado en la Asamblea Nacional Francesa el 12 de febrero de 2013, ahora debe ser ratificada por el Senado. En el Reino Unido se aprobó la iniciativa por la Cámara de los Comunes del Parlamento el 5 de febrero de este año, falta la aprobación de la Cámara de los Lores. En Nueva Zelanda, se han aprobado dos de las tres lecturas de la iniciativa por Parlamento, el 14 de marzo de 2013.
[vii] Dinamarca (1989), Noruega (1993), Israel (1994), Suecia (1995), Islandia (1996), Hungría (1996), Francia (1998), Países Bajos (1998), Alemania (2001), Portugal (2001), Finlandia (2002), Croacia (2003), Luxemburgo (2004), Reino Unido (2004), Andorra (2005), Nueva Zelandia (2005), República Checa (2006), Colombia (2007), Uruguay (2007), Ecuador (2008), Liechtenstein (2011) y Brasil (2011).
[viii] En Estados Unidos: Hawái (1997), California (1999), Vermont (2000), Columbia (2002), Maine (2004), Nueva Jersey (2004), Connecticut (2005) e Illinois (2011). En Suiza: Zúrich (2002). En Argentina: Buenos Aires (2002), Provincia de Río Negro (2003), Villa Carlos Paz (2007) y Río Cuarto (2009). En Australia: Tasmania (2004). En Brasil: Río Grande del Sur (2005). En México: Ciudad de México (2005) y Coahuila (2007).
[ix] Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica; sentencia de 28 de noviembre de 2012, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Serie C No. 257; §285. Cfr., también, X and others v. Austria, 19 de febrero de 2013, [GC], no. 19010/07, de la CEDH; §98.
[x] Acción de inconstitucionalidad 2/2010.., cit., de la SCJN; §224.
[xi] Furlan y familiares vs. Argentina; sentencia de 31 de agosto de 2012, de la CoIDH. Serie C No. 246; §134. También, Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica.., cit., de la CoIDH; §292.
[xii] Cfr. Thlimmenos v. Greece, 6 de abril de 2000, [GC], no. 34369/97, de la CEDH; §44. En el mismo sentido, acción de inconstitucionalidad 2/2010.., cit., de la SCJN; §216.
[xiii] Cfr. el voto disidente del Ministro Señor Hernán Vodanovic Schnake, en la sentencia de 3 de noviembre de 2011, Rol N° 1881-10-INA, de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile; II. Sobre el fondo, 5).
[xiv] Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de la CoIDH, de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18; §101.
[xv] Schalk and Kopf v. Austria.., cit., de la CEDH; §§61-62 y 108. Igualmente, cfr. X and others v. Austria.., cit., de la CEDH; §§95 y 98.
[xvi] Lisa Jacqueline Grant v. South-West Trains Ltd, de 17 de febrero de 1998, en el asunto C-249/96.
[xvii] Cfr. los casos: Fretté v. France, 26 de febrero de 2002, [TS], no. 36515/97; E.B. v. France, 22 de enero de 2008, [GC], no. 43546/02; Gas and Dubois v. France, 15 de marzo de 2012, [FFS], no. 25951/07; y, X and others v. Austria.., cit.
[xviii] Sentencia No 2006007262 dictada el 23 de mayo de 2006 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; expediente 03-00-8127-0007-CO; considerando VII.
[xix] Sentencia de 3 de noviembre de 2011, Rol N° 1881-10-INA, de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile; punto séptimo, considerando II.
[xx] Cfr. BVerGE 105, 13, de 17 de julio de 2002, por el Tribunal Constitucional Federal Alemán.
[xxi] Cfr. la sentencia de 6 de noviembre de 2012 en el recurso de inconstitucionalidad 6864-2005, del Pleno del Tribunal Constitucional de España.
[xxii] Cfr. Lesbian and Gay Equality Project and eighteen others v. Minister of Home Affairs and others, casos CCT 60/04 y CCT 10/05, fallados el 1 de diciembre de 2005 por la Corte Constitucional de Sudáfrica.
[xxiii] Véase la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la SCJN del lunes 23 de enero de 2012, en particular, la intervención del Ministro Cossío Díaz en la discusión; pp. 5-9.
[xxiv] Amparos en revisión 581/2012, 567/2012 y 457/2012, de 5 de diciembre de 2012, Primera Sala de la SCJN.
[xxv] Para una posición más completa, véase GONZÁLEZ DE LA VEGA, G. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Caso Oaxaca, en El juego de la Suprema Corte, publicado el 5 de diciembre de 2012: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2258 (última visita: 3 de abril de 2013).
[xxvi] Amparo en revisión 2806/2012 de 6 de marzo de 2013 de la Primera Sala de la SCJN; pp. 42-43.
[xxvii] Cfr. el voto particular del Ministro José Ramón Cossío Díaz en el amparo directo 6/2006.
[xxviii] Amparo directo 6/2008 de 6 de enero de 2009, por el Pleno de la SCJN; p. 84.
[xxix] Cfr. Gelman vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero de 2011, de la CoIDH. Serie C No 221, §239.
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