La vocación diplomática: una charla con el embajador José Luis Vallarta Marrón

José Luis Vallarta Marrón es catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fotografía: Fernanda Berenice Ramírez Martínez

Adolfo Ulises León López | FFyL, UNAM

Fotografía | Fernanda Berenice Ramírez Martínez

 

José Luis Vallarta Marrón es diplomático de carrera y posee una larga trayectoria dentro del servicio exterior mexicano. En sus inicios, al lado de Alfonso García Robles —Premio Nobel de la Paz en 1982— participó como secretario en la comisión que negoció y redactó el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, conocido como el Tratado Tlatelolco. Después formó parte de la Misión Permanente de Naciones Unidas, asistió a la Sexta Comisión de Asuntos Jurídicos y, durante las negociaciones de la Convención Sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), fue elegido presidente de un grupo de trabajo plenario para la discución del capítulo doce, referente a los fondos marinos. Años después, en el sexenio de López Portillo, el entonces canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, le comentó que, en reconocimiento a su labor en Naciones Unidas, “a la primera oportunidad que hubiera me haría embajador”. Esta oportunidad llegó en 1990, cuando obtuvo la titularidad de la embajada en Polonia. Ahí vivió el desmoronamiento del bloque socialista: “La política exterior de nuestro país fue de amistad y reconocimiento al pueblo polaco y al movimiento de Solidaridad. Sin embargo, desde el punto de vista económico había frustración porque Polonia se estaba privatizando y los empresarios mexicanos no se interesaban en invertir. La relación económica y comercial fue débil”. De 1995 a 2001 fue embajador en Jamaica.

Vallarta Marrón es bisnieto de Ignacio L. Vallarta: “En casa teníamos un cuadro al óleo de él al que siempre mirábamos con gran respeto. Resultó curioso que mi abuelo, por influencia de su madre, era sumamente católico. Ignacio Vallarta, considerado en su juventud jacobino y anticlerical, tuvo dos hijas monjas de clausura —bromea—. No sé cómo lo habrá tomado”. Ignacio L. Vallarta fue el hombre que, durante la segunda mitad del siglo diecinueve, participó en las decisiones más importantes de la relación con Estados Unidos de América y, su carácter, inauguró una tradición en el servicio exterior mexicano. Fue gobernador de Jalisco, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretario de Relaciones Exteriores durante el primer periodo de Porifirio Díaz. Entonces, en los primeros días que siguieron al derrocamiento de Lerdo de Tejada, Vallarta se empeñó por conseguir el reconocimiento del nuevo gobierno ante la comunidad internacional. Sólo una nación se rehusó: Estados Unidos. ¿Lo hizo por congruencia democrática? No, Ulysses S. Grant era el presidente norteamericano y quería poner en práctica un nuevo modelo de reconocimiento internacional. En oposición a la doctrina Thomas Jefferson —donde bastaba demostrar la voluntad del pueblo declarada hacia su nuevo gobierno—, Grant condicionaba el reconocimiento únicamente a gobiernos efectivos y responsables. Es decir, a la capacidad de éstos para cumplir con sus obligaciones internacionales. En tiempos de imperialismo, un deber internacional no es más que una forma de chantaje, de capricho. Así, John W. Foster, ministro plenipotenciario ante el gobierno lerdista, le exigió a Vallarta una lista de pendientes antes de reconocer a Díaz: rectificar la frontera fluvial, derogar la ley que prohibía a extranjeros la compra de propiedades en zonas cercanas a la frontera, indemnización por los daños causados por la revolución de Tuxtepec, exentar a los norteamericanos de préstamos forzosos que solían decretarse ante situaciones de emergencia, y, quizá lo más importante, celebrar un tratado que permitiera el tránsito de militares para la persecución de “indios salvajes”, malhechores y merodeadores.

¿Cómo reaccionó Ignacio L. Vallarta? ¿Cómo reaccionaría una Claudia Ruiz Massieu o un Luis Videgaray? De aquél tiempo sobrevive la correspondencia de Vallarta y las memorias diplomáticas de Foster, por ellas conocemos la intensidad e inteligencia de las negociaciones que terminaron por conseguir el reconocimiento de Estados Unidos sin menoscabo a la soberanía. Precursora de la Doctrina Estrada, la Doctrina Vallarta, en esencia, era: “ustedes tienen derecho a reconocernos o desconocernos, lo que no tienen derecho es a ponernos condiciones, para presionarnos, para adoptar ciertas actitudes. Son libres de desconocernos o de reconocernos pero no pretendan que mediante el reconocimiento aceptemos tratados inaceptables.”

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En 2012 José Luis Vallarta Marrón publicó “Sin protocolo. Memorias y peripecias de un oscuro diplomático”, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fotografía: Fernanda Berenice Ramírez Martínez

Estamos en el jardín de los eméritos de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Es una tarde de diciembre y han pasado tres meses desde que Donald Trump visitó México durante su campaña presidencial. Qué metida de pata, ¿no?

JLVM —Voy a decir algo aventurado: si yo hubiera estado en el lugar de la canciller Ruiz Massieu hubiera renunciado con la invitación de Trump a México. Creo que fue un gravísimo error. No podemos decir que esto fue determinante para el triunfo de este personaje indeseable, pero no era el momento.

El día siguiente al triunfo del candidato republicano, Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje a la nación. Se trató de un discurso optimista, de autoengaño o, en palabras de Jorge Castañeda, se optó por asumir la actitud de la avestruz: hacer como que nada malo ocurre o va a ocurrir. ¿Es ese el camino que debe seguir la política exterior en los meses siguientes?

JLVM —No. La prudencia siempre es recomendable, pero pensar que nada va a ocurrir es ridículo pues Trump es impredecible. Claro, se puede abrigar la esperanza de que su partido lo controle, de que el Congreso lo controle y de que la opinión pública lo frene.

El pasado 13 de noviembre de 2016, en su primer entrevista como presidente electo, Donald Trump anunció a la cadena CBS que durante los primeros días de su gobierno deportará a tres millones de indocumentados con antecedentes criminales. Hacerlo significaría grandes problemas operativos para ambos estados. México cuenta con una embajada, veinte consulados generales y treinta consulados de carrera en el país vecino. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017, el monto asignado a la Secretaria de Relaciones Exteriores es de $7, 718, 221, 531 pesos; los Anexo 14 y 18, relativos a los recursos para la atención de grupos vulnerables y para protección de niños, mujeres y adolescentes migrantes, sumados, otorgan a la Secretaria de Relaciones Exteriores la cantidad de $208, 030, 000 pesos. Lo que da un total de $7, 926, 251, 531 pesos. Por otro lado, de conformidad con la Ley del Servicio Exterior Mexicano, los consulados obtienen ingresos por los servicios notariales, de registro civil que prestan y por documentos de migración que expiden. En cuanto a las herramientas con las que cuentan los consulados para ayudar a los migrantes están la atención y asesoría jurídica, la repatriación, y la visita a cárceles y centros de detención. ¿Estos recursos humanos y económicos son suficientes para hacer frente a una deportación masiva?

JLVM —Hay consulados que tienen más recursos que otros. En mi experiencia en Montreal recuerdo que tenía un presupuesto cercano a dos mil dólares y con eso, ¿qué hace uno? Es entonces cuando uno tiene que utilizar la imaginación y otros recursos para ayudarlos. A falta de presupuesto el cónsul debe utilizar los recursos locales. Cuando era cónsul en Montreal tuve que echar mano de muchas instituciones del gobierno de Quebec. En una ocasión, la representante de una asociación para la protección de la mujer latina, me preguntó en qué consistía la protección de los mexicanos en el extranjero, qué protección da el cónsul. Respondí: “No hay persona que no haya recurrido al consulado que le haya yo dicho no hay nada que pueda yo hacer por usted. Si no hay recursos suficientes, se le orienta para que utilice los servicios locales”. Claro, ante las arbitrariedades de Donald Trump va a ser difícil pero siempre existirán organizaciones no gubernamentales que protegen los derechos humanos que pueden ayudar. Recordemos que pese a todo el pueblo estadounidense ha hecho acciones positivas, tal es el caso de la guerra de Vietnam, donde fue la gente quien sacó al ejército del país surasiático. El activismo estadounidense sin duda va a desempeñar un gran papel. Así, tenemos que pensar en nuestra relación con Estados Unidos como una relación donde prevalezca la dignidad. Insisto. El cónsul debe utilizar los recursos locales, a falta de presupuesto.

—Además, el servicio exterior ha crecido muchísimo. Sin embargo, esto no es suficiente. El problema de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que conforme aumenta el presupuesto, también aumentan las obligaciones que debe sustentar frente a la OEA, frente a Naciones Unidas, etcétera. Eso es algo que tienen que tener en claro los que asignan el presupuesto. La SRE se enfrentó muchas veces con Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le aumentan el presupuesto, pues sí, pero todo se va a las cuotas, a la ONU, OEA OIT, OMS. Esas aumentan, y no benefician directamente a la cancillería.

¿Hay alguna manera en que el gobierno mexicano pueda reducir el número de deportaciones?

JLVM —Sí, sería muy recomendable que las autoridades mexicanas exigieran, establecieran un procediemiento para decirle al gobierno norteamericano: tú quieres deportar a esta persona, primero demuéstrame que es mexicano. El peligro es que recibamos salvadoreños, hondureños, nicaraguenses, guatemaltecos. Hermanos latinoamericanos, pero no podemos aceptar a todos. Tiene que establecerse un procedimiento, donde las autoridades norteamericanas prueben que son mexicanos. La crítica podría ser: nosotros tenemos obligación de recibir a los mexicanos, son nuestros compatriotas, nuestros hermanos. Sí. Pero a los mexicanos. Mi experiencia consular me lo dice, vendrán muchos que dirán serlo y lo harán por cuestiones de practicidad, de intentar regresar en menos tiempo. No es justo que se absorba esa población de indocumentados latinoamericanos. Por razones laborales, de salubridad, de vivienda, alimenticios.

Para ello, ¿propone reformar la Ley de Migración?

JLVM —No me atrevería a decir eso, pero sí creo que debemos recibir únicamente a los mexicanos. En el consulado de Montreal muchas personas aseguraban ser mexicanos y tras entrevistarme con ellos llegaba a la conclusión de que no lo eran. Por ejemplo, uno dijo ser de Veracruz pero era incapaz de explicarme qué era un huachinango.

¿O sea que los criterios para que un cónsul determine si alguien es o no mexicano son discrecionales?

JLVM —Sí. Un cónsul puede emitir un documento de presunción de nacionalidad con el cual la persona puede entrar a México, donde es examinada de nuevo. En una ocasión una joven dijo: “Es que yo tengo una partida de nacimiento”. A lo que contesté: “Sí, pero en México le llamamos acta”. Es imposible hacerse pasar por mexicano.

 José Luis Vallarta Marrón se desempeñó, además, como Misión de México ante la OEA y como cónsul en Montreal. Fotografía: Fernanda Berenice Ramírez Martínez
José Luis Vallarta Marrón se desempeñó, además, como Misión de México ante la OEA y como cónsul en Montreal. Fotografía: Fernanda Berenice Ramírez Martínez

Así las cosas, estamos ante un escenario donde no hay manera de garantizar que el grueso de posibles deportados sean mexicanos y donde la protección de aquéllos que sí lo sean dependerá de la astucia consular. En ese sentido, ¿cómo deberían ser los perfiles de los cónsules en Estados Unidos?

JLVM —Deben tener la voluntad, trabajar con instituciones locales y organizaciones no gubernamentales, son la gran ayuda. En no hacerlo está la negligencia. Cuando fui cónsul en Montreal tuve que hacerme de un directorio de todas las instituciones que podrían ayudar a los mexicanos en Quebec. Esto en el caso de un país desarrollado, como Estados Unidos. Desgraciadamente, hay países donde el consulado debe hacer todo porque no va a encontrar estas instituciones. Recuerdo que cuando fui embajador en Polonia, una mujer tuvo una especie de crisis psiquiátrica y, personalmente, busqué a un psiquiatra que hablara español. Afortunadamente lo había y cuando la mujer estuvo en condiciones de ser repatriada, tuve que pagar el boleto de avión para su repatriación. Más allá de la buena voluntad del cónsul no hay nada más.

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