dos tradiciones laicas (II): México

[artículo] | Carlos Erasmo Rodríguez Ramos

  en   1938, Graham Greene, asediado por los mosquitos y el calor, atravesaba a lomo de mula las selvas del sureste de nuestro país siguiendo el rastro de un cura amante del whisky. Lo que inició siendo un simple viaje encargado por sus editores terminó siendo la búsqueda, entre ciénagas y matorrales, del último sacerdote del Estado de Tabasco.

Entre 1919 y 1934, la entidad había sido gobernada, en periodos intermitentes, por

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Graham Green, autor de “El poder y la gloria”

Tomás Garrido Canabal, un político revolucionario de corte socialista. Fanático del progreso, Garrido Canabal es recordado por llevar la electricidad a la entidad e iniciar las vías que la comunicarían con el exterior. Su polémico programa de desarrollo social también incluía un fortalecimiento de la educación pública, la prohibición de las bebidas alcohólicas y, por supuesto, la eliminación definitiva de la influencia oscurantista de la Iglesia Católica. En la actualidad, no se tiene un estimado de los cientos de creyentes y sacerdotes que fueron perseguidos y asesinados durante sus gobiernos.

Entre iglesias quemadas, santos destruidos y relatos de curas fusilados, Graham Greene urdió la trama de El poder y la gloria, novela considerada por muchos como su obra maestra. En ella denuncia el absurdo de la lucha entre fanáticos, unos adeptos al Estado y otros a la Iglesia, en la que los únicos que pierden son los creyentes de buena fe.[1]

Para ambos bandos, El poder y la gloria es una novela incómoda pues plantea preguntas que los dejan mal parados: ¿Por qué un Estado laico persigue a los creyentes?, ¿Hasta dónde el Estado toma partido? ¿Es posible un Estado laico cuando la mayoría de la población es católica? Estas y muchas otras preguntas dan cuerpo al presente artículo.


El viejo enemigo

Cuando los españoles se hicieron con el control de gran parte del Nuevo Mundo, recibieron del Papa Alejandro VI la encomienda de evangelizar a los habitantes de aquellas vastas tierras. Esta encomienda, utilizada para legitimar el dominio sobre los territorios recién conquistados, determinó gran parte de lo que sería nuestra historia nacional.[2]

Ya sea por el filo de la espada o por la astucia de las órdenes monásticas enviadas a cumplir con la encomienda, la religión católica se expandió rápidamente por el Nuevo Mundo, siendo desde entonces la religión mayoritaria en los territorios que, después de 300 años de dominio colonial, pasarían a ser México.[3]

A diferencia de muchas otras religiones, la católica es reconocida por su fuerte organización jerárquica, encabezada por el Papa, que administra todo lo relativo al culto y decide sobre los asuntos de fe. Esta organización facilitó que durante la Colonia la Iglesia se hiciera con un gran poder económico gracias a la amplia difusión del culto, al cobro de los sacramentos y a las donaciones que los creyentes hacían para ganarse la gracia eterna. Tampoco es despreciable el poder político que amasó la Iglesia al tener una fuerte injerencia en tareas como la educación y los registros[4] y por contar con una jurisdicción propia de los asuntos religiosos.

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Virrey Diego Carrillo de Mendoza

Esto llevó, desde entonces, a conflictos con las autoridades.[5] Estos conflictos siempre eran espinosos pues cualquier medida que se tomara en contra de la Iglesia o sus miembros era vista por los fieles como una afrenta a su religión.

Uno de estos conflictos ocurrió en 1624, cuando una turba enfurecida quemó las puertas del Palacio Nacional. El virrey Diego Carrillo de Mendoza había mandado arrestar al arzobispo Juan Pérez de la Serna por diversas quejas sobre el mal uso de sus atribuciones. El arzobispo azuzó a la población y desencadenó una serie de revueltas que sólo terminaron cuando el virrey fue destituido.[6]

Este conflicto entre el virrey y el arzobispo ejemplifica perfectamente el gran problema que yace en las raíces de nuestra tradición laica: el someter a los designios del Estado a una Iglesia que es respaldada por la mayoría de la población.[7]


El Estado contra la Iglesia

 En las primeras décadas de vida independiente, algunos pensaron que la resolución del problema radicaba en reclamar para el nuevo Estado el ejercicio del Regio Patronato, gracias al cual los monarcas podían intervenir en los asuntos de la Iglesia en las colonias. Valentín Gómez Farías encabezó estos intentos pero no prosperaron debido, en gran parte, a que el Vaticano no reconoció la independencia de nuestro país hasta 1831 y a que dichas prerrogativas eran consideradas exclusivas de los reyes españoles.[8]

En ese tiempo, las tensiones entre los partidarios de la Iglesia y los llamados liberales crecieron hasta  la época en que fue promulgada la Constitución de 1857, la primera que por primera vez suprime el Estado confesional en México.[9] Entonces se expidieron las leyes de Reforma. Esta serie leyes buscaba acabar con el poder terrenal de la Iglesia reduciendo sus bienes, eliminando los fueros especiales y arrebatando a la Iglesia el control sobre actos que debían ser exclusivos de la autoridad civil, como los registrales.

La oposición de la Iglesia no se hizo esperar y pronto ambos bandos se vieron enfrascados en una serie de conflictos que llevó a la guerra civil y a la intervención extranjera. Al final, el grupo liberal se alzó con la victoria y la Iglesia no volvería a contar con el gran poder de antaño.[10]


Los excesos del Estado

 Durante el régimen de Díaz las leyes de Reforma se aplicaban de manera laxa y la Iglesia tuvo un respiro, lo que no fue bien visto por los partidarios de las ideas liberales, sobre todo por los Flores Magón. Tras la caída del régimen y el asesinato de Madero, la Iglesia apoyó la contrarrevolución encabezada por Victoriano Huerta.[11]

Cuando los constitucionalistas encabezados por Carranza triunfaron, existía un fuerte pensamiento anticlerical que veía la influencia de la Iglesia como una afrenta a la Revolución.[12] Así, al momento de redactarse la Constitución de 1917 plasmaron en ella una serie de medidas dirigidas a estrangular a la Iglesia y a la religión católica. El artículo tercero prohibía la religión en las escuelas, el quinto el establecimiento de órdenes monásticas y el 24 los actos de culto en los espacios públicos. Las disposiciones más agresivas eran, sin duda, las contenidas en los artículos 27 y 130, donde no se reconocía personalidad jurídica a las iglesias y por lo tanto eran incapaces de adquirir bienes.[13]

Estas medidas no fueron bien vistas por la Iglesia y las tensiones entre el Estado y los

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Plutarco Elías Calles, Presidente anticlerical

creyentes aumentaron. Con la llegada de Plutarco Elías Calles al poder, un anticlerical declarado, se dio inicio a una serie de medidas encaminadas a atacar a la Iglesia católica. Una de ellas es la promulgación de la llamada Ley Calles en 1926, un serie de reformas al código penal que buscaba incluir delitos que permitieran hacer más efectivos los artículos constitucionales que estaban en contra de la Iglesia. Otra medida importante fue la creación de la Iglesia Católica Mexicana, un intento de separar a la fe católica de la obediencia a Roma. Como era de esperarse el clero vio en esta última medida un ataque contra su fe por lo que decidió suspender el culto y retirarse del país.[14]

Todo esto dio inicio a una larga serie de levantamientos armados intermitentes que sólo pudieron ser apaciguados hasta la Presidencia de Manuel Ávila Camacho quien, en una declaración célebre por su relevancia, dio a conocer tras asumir la Presidencia que era creyente.


Las reformas de Salinas

 Durante gran parte de la segunda mitad del siglo pasado la Iglesia sobrevivió como pudo, en gran parte gracias al profundo arraigo que tenía en la población. Fue hasta la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari que esta situación empezó a cambiar.

La Presidencia de Salinas es una de las más polémicas de la época reciente por las reformas en materia agraria y por la firma del Tratado de Libre Comercio. A esto hay que agregar las reformas constitucionales en materia religiosa que, para muchos, fue una traición al legado juarista.

Salinas impulsó la reforma del artículo tercero que suprimía la prohibición textual de la intervención de la religión en la educación. Permitió el establecimiento de órdenes monásticas y el culto en espacios públicos, con previo permiso de la autoridad. Además, permitió que las Iglesias adquirieran bienes y fueran reconocidas como personas siempre y cuando fueran registradas debidamente. Todo esto a través de reformas a los artículos tercero, quinto, 24, 27 y 130 de la Constitución.[15] Para hacer cumplir el nuevo régimen constitucional promulgó la Ley de asociaciones religiosas y culto público del 15 de julio de 1992.[16]

Estas reformas dieron un respiro definitivo a la Iglesia católica y trazan las líneas para un nuevo periodo en nuestra tradición laica.

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Carlos Salinas de Gortari con Juan Pablo II


Conclusiones
 

A diferencia del caso de Europa o de Estados Unidos, donde el discurso laico estaba asociado con la necesidad de proclamar la tolerancia, el discurso de la laicidad y de la separación entre la Iglesia y el Estado fue utilizado, en nuestro contexto, como una afirmación de la soberanía del naciente Estado mexicano frente al gran poder de la Iglesia católica. Nuestra tradición laica es la historia de este conflicto en donde ambos bandos han caído en excesos que perjudicaron, sobre todo, a los creyentes.

Debido a esto, muchos temas del debate de la laicidad han quedado de lado. Uno de estos temas es el de la libertad religiosa que siempre estuvo al margen del conflicto Iglesia- Estado y sólo salió a relucir, momentáneamente, con la eliminación del Estado confesional. Otro tema es el del establecimiento. Aunque nuestra Constitución prohíbe que se establezca alguna religión, lo cierto es que no se ha abundado suficiente en el debate de si en México existe un establecimiento de facto de la religión católica.

En esta supuesta era de los derechos humanos, cabe preguntarnos si nuestro país está en posición de garantizar los derechos a la libertad de creencia y de ejercicio. Este es el tema del tercer y último artículo de esta serie.

Notas

[1] Revueltas, Eugenia, “La gesta de la guerra cristera a la luz del discurso histórico y el literario”, en Moreno- Bonett, Margarita y Álvarez de Lara, Rosa María (coords.), El Estado laico y los derechos humanos en México: 1810-2010, México, UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, t. I, pp. 287- 293. En este artículo se hace un breve análisis de El poder y la gloria de Greene y José Trigo de Fernando del Paso, que también aborda el tema de la guerra cristera. Los dos tomos de El Estado laico y los derechos humanos en México: 1810-2010 son un buen panorama de los temas de laicidad; sin embargo, hay omisiones notables. No hay ni un solo artículo sobre la Recomendación General No. 5 de la Comisión General de los Derechos Humanos, publicada en el 2003, sobre la discriminación en las escuelas por motivos religiosos.

[2] González, María del Refugio, “Del gobierno temporal y del gobierno espiritual. Las relaciones de las Iglesias y el Estado mexicano”, en ibídem, t. I, pp. 149-153

[3] En la actualidad, casi el 90% de la población de nuestro país profesa la religión católica. Del 10% restante, 8% profesan religiones relacionadas con el cristianismo y el otro 2% profesa religiones ajenas o se declara no creyente: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/religion/

[4] Fernández Ruiz, Jorge, “El registro del estado civil de las personas”, en op. cit., nota 1, t. I, pp. 11-23

[5] Esto ocurrió sobre todo en el reinado de Carlos III. Op. cit., nota 2, pp. 152-153

[6] Bautista y Lugo, Gibrán, Los indios y la rebelión de 1624 en la Ciudad de México, UNAM- Instituto de Investigaciones Históricas. Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/indiosciudades/indiosciudad009.pdf

[7] Jorge Adame Goddard afirma que la necesidad del Estado laico en nuestro país obedece a la necesidad de la afirmación de un Estado soberano frente a una Iglesia excesivamente poderosa. Adame, Goddard, Jorge, “Estado laico y libertad religiosa”, en op. cit., nota 1, t.I, p. 27.

[8] Op. cit., nota 2, p. 153

[9] Las Constituciones de 1824, 1836 y 1843 imponían el Estado confesional. Valadés, Diego, “Reflexiones sobre el Estado secular en México y en derecho comparado”, en op. cit., nota 1, t. I, p. 66.

[10] Zoraida Vázquez, Josefina, “De la Independencia a la Consolidación Republicana, en Nueva Historia Mínima de México, México, El Colegio de México, 2004, pp. 170- 184

[11] Galeana, Patricia, “La construcción del Estado laico mexicano”, en op. cit., nota 1, t. I, p. 8

[12] Este sentimiento anticlerical venía echando raíces desde la época de la Guerra de Reforma aunque en ese momento muchos liberales, creyentes en su mayoría, lo vieron como un exceso. Muestra de ello es la novela La navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano.

[13] Galindo Rodríguez, José. “Las Reformas en la relación Iglesia- Estado durante el periodo del Presidente Salinas”, en op. cit., nota 1, t. II, pp. 468- 470. El texto original de la Constitución con todas sus reformas hasta junio de 2009 puede verse en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2802/8.pdf

[14] Además de este, hubo muchos intentos similares promovidos por el gobierno para lograr el cisma de Roma. Uno de ellos estuvo encabezado por Valentín Gómez Farías y otro por Melchor Ocampo. Silva, Yabin, “El cisma que encendió el fuego: La Iglesia Católica Apostólica Mexicana y la Guerra Cristera”, en Ramírez Padilla, Marco Fabrizio, La guerra de religión en México (1926-1929), México, Palabra de Clío, 2014, pp. 87- 97 Disponible en: http://www.palabradeclio.com.mx/src_pdf/la_1460607856.pdf

[15] Op. cit., nota 13, pp. 465-475

[16] Se puede consultar la ley en: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/f74e29b1-4965-4454-b31a-9575a302e5dd/ley_asociaciones_relig_culto_pub.pdf

 

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