Justicia: ¿o es pronta o es gratuita?

Mientras agonizo | Columna

Antonio C. Zavala

 

 el  Lic. O. trabaja como actuario en los juzgados familiares de la Ciudad de México. Cada que realiza un primer emplazamiento, se detiene frente a la fachada del domicilio señalado y, en diferentes intervalos, toma cinco fotografías. Al final regresa sin siquiera haber tocado el timbre y, en su razón, asienta que se constituyó en el domicilio y nadie le abrió. Siempre hay de dos sopas, dice, el abogado vuelve a promover y me busca para hacer una cita o no me busca. Si lo buscan, lo recogen y lo regresan en auto, le dan una bonificación y a veces hasta de comer le invitan. Si no lo buscan, él saca la segunda fotografía. Nuevamente, sin alejarse de su escritorio, describe que al constituirse en tal, observando tales circunstancias y luego de hablar con fulano, da fe de que en el domicilio señalado no se conoce a la persona a la que se va a notificar. ¿Cuántas veces se repite este simulacro? “A lo mucho, lic., a la cuarta razón entienden que tienen que venir a buscarme, pero para eso ya perdieron dos, tres meses”.

Son las seis de la mañana de un lunes de agosto. Estoy con el Lic. S. en Avenida Felipe Carrillo Puerto cerca del cruce con Legaria. Él es actuario en los juzgados civiles de la Ciudad de México y, por una generosa retribución, prefiere trabajar fuera de los horarios que tiene permitidos. Si no lo encontramos ahora, dice, no lo encontramos nunca. La cerradura del portón cruje, un hombre sale. El hombre, asustado, vacila. El Lic. S. se presenta, le pide una identificación y lo emplaza a juicio. Le expreso mi preocupación: “No se preocupe, abogado, si yo digo que nos constituimos a las diez, nos constituimos a las diez”.

La Lic. A. es una de las encargadas del turno en el juzgado dieciocho familiar. Hace cédulas de notificación y oficios que se necesitan dirigir a diversas dependencias. Cuando uno le entrega el expediente y le solicita los oficios, ella, de la manera más cotidiana, pregunta: “¿Los quiere para mañana o para dentro de una semana?”. Más mojigatos, otros encargados de realizar las mismas tareas, optan por conseguir una retribución a fuerza de cansarte: “Venga en dos horas”, “Venga mañana”, “Todavía no los termino”, “Tengo mucho trabajo”, “Están en firma”, “Siguen en firma”… Ya no hablemos de copias certificadas y diligencias de embargos.

Historias como estas son bien conocidas y ya no asustan a nadie. La mayoría de los litigantes las han interiorizado y no tienen reparo en pagar estas cuotas, incluso los representados exigen que se realicen para agilizar sus juicios. Dentro de este problema de corrupción, me parece, subyace otro que debería ser debatido: ¿puede la justicia ser gratuita y expedita al mismo tiempo? ¿No se trata más bien de principios que, en la práctica, son contradictorios? ¿Hay forma de que las costas judiciales puedan ser permitidas en beneficio de la prontitud sin que por ello se menoscabe el acceso a la justicia?

Respondo a este preguntas, sujetándome, en lo general, a la justicia local en la Ciudad de México y, en lo particular, a las materias familiar y civil. De acuerdo con el Reporte Estadístico del Año Judicial 2015, emitido por la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ese año se ingresaron un total de 99, 423 demandas en materia familiar, y 83, 389, en materia civil. Esto da un total de 182, 812 demandas. De éstas, cada juzgado familiar, en promedio, recibió 2367 y resolvió —entre asuntos nuevos y anteriores— 1030 expedientes; cada juzgado civil recibió 1005 y resolvió 856. A esto hay que añadir que el número aproximado de servidores por cada juzgado es de 21 personas. De éstas, sólo 2 son actuarios; el turno para redacción de oficios y cédulas se va rotando entre 4 o 6 servidores cuyas funciones son esencialmente distintas, y cuando el presupuesto lo permite hay 1 o 2 servidores encargados de fotocopiado, tanto para solicitudes de litigantes como para necesidades internas del juzgado. Visto así, si entendemos el principio de prontitud como el cumplimiento estricto de los tiempos que marca la ley, entonces el grado de demanda de estos órganos judiciales, el rezago que acumulan y los recursos humanos con los que cuentan hacen que la prontitud en la impartición de justicia sea casi imposible. Sin embargo, el pago de cuotas sí generan ventajas significativas en la prontitud. Su pago oportuno, por ejemplo, conseguirá evitar que se difiera una audiencia por el hecho de que haya diligencias pendientes.

De ese modo, estas ventajas que conlleva el pago de cuotas hacen que un asunto sea más expedito que otro. Entonces la justicia no es gratuita porque si lo fuera sería no expedita para todos y es expedita para algunos porque en realidad no es gratuita para todos. Por otra parte, jurisprudencialmente ambos principios son irrestrictos. En mi opinión, uno de ellos debe restringirse. Si valoramos que el mayor número posible de personas accedan a la justicia entonces habrá de restringirse la prontitud. Si valoramos que la justicia se imparta lo más rápido posible entonces habrá de restringirse la gratuidad. Yo participo de la segunda opción porque, de paso, podría disminuir prácticas de corrupción.

En alguna ocasión un amigo, mitad en guasa mitad en serio, decía que la solución de la corrupción era legalizarla. ¿Qué pasaría si estas cuotas tomaran forma de derechos, de ingresos que recibiera el poder judicial local por servicios que presta?

Por sí sólo, el pago por servicios de notificación, diligencias de embargo, expedición de oficios o copias certificadas, no garantiza seguridad en el litigante ni prontitud en el proceso. Además, serían necesarias una reforma al Código Civil (CCDF) y otra a la Ley Orgánica del Tribunal (LOTSJDF). La primera tendría por objeto que los supuestos de la primera notificación por emplazamiento fuesen optativos y no escalonados, lo cual no implica un menoscabo a la seguridad jurídica. La segunda, la creación de una unidad administrativa dedicada exclusivamente a la prestación de los servicios mencionados y que los actuarios dejasen de seguir adscritos a los juzgados y trabajaran por rotación. Así, cada órgano judicial se dedicaría a lo que en realidad debería dedicarse y a lo que en realidad deberíamos entender por gratuidad en la justicia: la resolución de fondo de un asunto.

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