Reinserción social con perspectiva de género

El acceso a la justicia de mujeres privadas de la libertad

 

[Ensayo] | Camila Galilea Aguilar Samperio

 

SUMARIO: I. Introducción. II. El sistema penitenciario y su legislación nacional e internacional. III. Desigualdad en el proceso de las mujeres. IV. Condiciones de internamiento. V. Conclusiones.

I. Introducción

Trátese de la intimidad de los hogares o en las calles, la situación de violencia hacia la mujer en México está presente en todas las esferas de la sociedad. Esta violencia se ve reflejada en altas tasas de feminicidios, falta de equidad en los puestos de poder, violencia institucional, acoso sexual y demás comportamientos que normalizan la desvaloración de la mujer. Aunque afortunadamente  los movimientos de reivindicación de los derechos de las mujeres han constituido una voz pública crítica y poderosa, aún persisten inercias en temas que se perciben como tabú o que son abordados sin la importancia que ameritan, uno de ellos es el trato hacia las mujeres privadas de libertad, tema principal de éste trabajo.

Las mujeres bajo esta situación son castigadas con el olvido y no se les considera al momento de luchar por una política con perspectiva de género, ya que en parte se desconoce su realidad y el impacto de su posición. No sólo es un problema del sistema penitenciario en general, es un problema de discriminación de género en base a estereotipos socialmente establecidos que pueden llevar a cualquier mujer a prisión, a que se les condene sin respetar sus derechos y a impedirles la reinserción social que merecen.


II. El sistema penitenciario y su legislación nacional e internacional

Los objetivos que el sistema penitenciario mexicano llevará a cabo en los Centros de Reinserción Social se regulan a partir de lo dispuesto en los artículos 1° y 18 constitucionales. El artículo 18 constitucional establece que el objetivo del sistema penitenciario será la reinserción social, además de que deberá organizarse “sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte” [1] (ejes de la reinserción), siendo interpretado a partir del artículo 1º constitucional[2] que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Respecto al plano internacional, el Estado mexicano ha adoptado como principal referente en materia penitenciaria las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas de Nelson Mandela[3]. De acuerdo a dicho ordenamiento, un sistema penitenciario debe organizarse con base en  los principios de dignidad y valor intrínseco de los seres humanos[4].

Con relación a las mujeres privadas de libertad, se adoptaron  las Reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para mujeres delincuentes, conocidas como Reglas de Bangkok[5], las cuales surgieron como respuesta a la necesidad de crear un marco normativo con perspectiva de género a favor de una adecuada reinserción social de las mujeres.

Además, México ratificó desde 1981 la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer[6] (CEDAW, por sus siglas en inglés). El Comité CEDAW, a partir de observaciones y recomendaciones, promueve políticas públicas de igualdad y no discriminación para que sean implementadas en el país.

Respecto a la manera en cómo debe regularse el sistema penitenciario, en junio de 2016 fue publicada la Ley Nacional de Ejecución Penal[7] cuyos objetivos son: establecer normas que deberán observarse en el desarrollo de la prisión preventiva, crear procedimientos de resolución de controversias y normar los medios que buscan lograr la reinserción social de las personas privadas de libertad.

 

III.  Desigualdad en el proceso de las mujeres

Pese a la legislación aplicable, el panorama para las mujeres privadas de su libertad es desalentador. Las condiciones en las que viven su reclusión representan la máxima expresión de la discriminación por género. Un rasgo característico que expone el trato diferenciado hacia las mujeres son los estereotipos a partir de los cuales se desarrolla el proceso judicial y su estancia en los Centros de Reinserción. Estas dos realidades quedan evidenciadas a través de la información disponible en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria[8] y en las entrevistas que ASILEGAL hizo a mujeres privadas de su libertad durante los meses de septiembre y octubre  de 2016, en los estados de Oaxaca y Chiapas[9].

De acuerdo con las cuarenta y tres entrevistas realizadas a las mujeres privadas de su libertad (veintiuno de Chiapas y veintidós de Oaxaca) sólo diecisiete cuentan con una sentencia, las demás se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva y llevan en promedio dos años en situación de reclusión.

Por otro lado, del total de las mujeres entrevistadas, diecisiete alegaron haber sufrido algún tipo de maltrato como: insultos, golpes, amenazas, entre otros. Esta circunstancia violenta el artículo 19 constitucional que en su último párrafo señala como abusos los malos tratos que se den en las aprehensiones o en las prisiones, tales como las molestias sin fundamento legal que las autoridades están obligadas a corregir por medio de acciones.

En cuanto al derecho a una defensa adecuada, siete de las mujeres entrevistadas declararon que no cuentan con abogado.

Los datos resultan poco alentadores. Como se muestra en el Cuadro 1, México cuenta con una población de 206 mil 273 personas privadas de libertad. En el Cuadro 2 se aprecia que de este universo 10 mil 665 son mujeres[10],  es decir el 5.17% de la población total en situación de reclusión. Del total de mujeres, sólo el 52.41% (5,589) se encuentran sentenciadas[11], mientras que el 47.59 % restante (5,075) están en prisión preventiva, es decir, sujetas a un proceso judicial en espera de una sentencia[12].

Respecto a la imposición de la prisión preventiva, como se muestra en el Cuadro 3, de 2014 a noviembre de 2017 la cantidad de personas en esta condición por delitos de fuero común a nivel nacional se redujo gradualmente de 83,277 a 61,115 personas, lo que marca una diferencia de 3.76%. No obstante, aunque la situación parezca favorable, al analizar con mayor detenimiento los datos, se puede encontrar un foco rojo de desigualdad de género debido a que persiste una mayor cantidad de mujeres en condición de prisión preventiva. Como se muestra en el Cuadro 2, la diferencia de personas privadas de su libertad por delitos de fuero común entre mujeres sentenciadas y procesadas es de 11.44%, mientras que bajo estas mismas condiciones la diferencia entre hombres es de 29.4 %.

Cuadro 1

Población total privada de su libertad en México a noviembre 2017

Población  total Fuero federal Fuero común Total
Procesados 17,965 47.89% 61,115 36.21% 79,080
Sentenciados 19,550 52.11% 107,643 63.79% 127,193
  37,515   168,758   206,273
 Elaboración propia con información del Cuaderno mensual de información Estadística Penitenciaria Nacional de noviembre 2017[13].

                                                                                                                       

Cuadro 2

Población privada de su libertad por género en México a noviembre 2017

Población por género Fuero federal Fuero común
Hombres Proceso
74,004   16,550 47.13% 57,454 35.80%
Sentencia 121,604 18,568 52.87% 103,036 64.20%
  195,608 94.83 % 35,118   160,490  
Mujeres Proceso 5,076   1,415 59.03% 3,661 44.28%
Sentencia 5,589 982 40.97% 4,607 55.72%
  10,665 5.1 7% 2,397   8,268  
Total 206,273   37,515   168,758  
Elaboración propia con información del Cuaderno mensual de información Estadística Penitenciaria Nacional de noviembre 2017[14].
Cuadro 3

Población en prisión preventiva por delitos en fuero común en México Noviembre 2014 – 2017

Población total en fuero común Sentenciados  Procesados Diferencia
2014 208,314 125,037 60.02% 83,277 39.98% 41,760 20.04%
2017 168, 758 107,643 63.78% 61,115 36.22% 46,528 27.56%
17,394 -3.76% 22,162 3.76% -4,768 -7.52
Elaboración propia con información del Cuaderno mensual de información Estadística Penitenciaria Nacional de noviembre 2014[15] y Estadística Penitenciaria Nacional de noviembre 2017[16].

Estas cifras demuestran una evidente desigualdad de género que debe atenderse de inmediato, pues en un Estado democrático de Derecho tanto mujeres como hombres deberían sobrellevar el mismo avance procesal. Esta situación conduce a la pregunta: ¿qué es lo que retrasa la justicia para las mujeres en México? 

La información obtenida al respecto a través de las entrevistas es reveladora. La mayoría de las mujeres alega estar privada de libertad por problemas relacionados con estereotipos de género, es decir, por transgredir el rol que la sociedad les asigna. De acuerdo a sus respectivos contextos, muchas de las razones son: salir sola, defenderse o ayudar a otra mujer. Por otro lado de las cuarenta y tres mujeres entrevistadas, únicamente diecisiete declararon haber tenido algún grado de responsabilidad en el delito del que se les acusó y las veintiséis restantes manifestaron ser inocentes. Tres casos resultan alarmantes:

  1. El primero se sitúa en el estado de Chiapas. Esta mujer fue acusada de homicidio y ya fue sentenciada. Ella se entregó y se declaró culpable de privar de la vida a su padrastro en defensa propia[17]. Su padrastro había abusado sexualmente de ella desde que tenía ocho años. El supuesto delito se llevó acabo un día que él entro a su casa sin autorización y pretendía secuestrar a la hija de la mujer. El juez en este caso no consideró que la conducta de la mujer se encuentrara enmarcada como una de las causas de exclusión del delito previsto en el artículo 25[18] del Código Penal del Estado de Chiapas.[19]
  2. El segundo caso, también situado en Chiapas, trata de una mujer que fue acusada de robo. Ella aún se encuentra sin sentencia y está privada de libertad desde el 31 de enero de 2015, por lo que para el momento de la entrevista llevaba aproximadamente un año nueve meses en proceso. La mujer trabajaba como empleada doméstica de una pareja casada que la acusa de robar treinta y cinco mil pesos y joyería. Ella alega que no hay congruencia en las fechas que declaran las supuestas víctimas ya que ese día no fue a trabajar. Además menciona que anteriormente había sufrido agresiones de tipo sexual por parte de su patrón y que por recomendación de una compañera decidió denunciar el ataque. Cuando ella avisó a su patrona, esposa del supuesto agresor, ésta la denunció por robo. La mujer además denuncia que no supo de qué delito fue acusada hasta que ingresó al Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet.[20]
  3. El tercer caso, situado en Oaxaca, es de una mujer que fue procesada y sentenciada por trata de personas. Ella afirma ser inocente y declara que lo que en realidad sucedió fue que únicamente ayudó a su prima a escapar. Su prima alegaba que su padre la había violado por lo que planearon huir a la ciudad de Oaxaca juntas, pero fue detenida.[21]


IV. Condiciones de internamiento

No sólo el proceso resulta preocupante, también las condiciones de internamiento en los Centros de Reinserción Social. De los trescientos sesenta centros penitenciarios que hay en México, únicamente diecisiete son femeniles: Aguascalientes[22] (1), Chiapas[23] (1), Chihuahua[24] (2), Ciudad de México[25] (2), Coahuila[26] (2), Estado de México[27] (2), Jalisco[28] (1), Morelos [29](1), Oaxaca[30] (1), Querétaro[31] (1), Sonora[32] (1), Yucatán[33] (1) y Zacatecas[34] (1). Una demostración más de que las mujeres privadas de libertad no cuentan con el espacio necesario es que existe sobrepoblación en dos de ellos: Chihuahua y Jalisco.

caracol santa martha
Caracol al interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla

Las mujeres que no tienen cabida en los Centros femeniles se encuentran privadas de libertad en Centros mixtos, lo que representa un obstáculo importante para el cumplimiento de su derecho a la reinserción social. Al respecto, la regla 11 de las Reglas de Mandela, señala: los hombres serán recluidos, en la medida de lo posible, en establecimientos distintos a los de las mujeres”[35] con el fin de evitar posibles abusos de índole sexual y psicológica. Además de los pocos espacios, las condiciones de internamiento no son adecuadas ni en los Centros femeniles ni mucho menos en los mixtos. De acuerdo con las Reglas de Bangkok, un Centro de Reinserción apto para mujeres debe de seguir las medidas higiénicas idóneas para la etapa de lactancia y menstruación, servicios de salud orientados al cuerpo femenino y de salud mental[36] (porque se considera que una mujer psicológicamente es más susceptible a deprimirse en situaciones de reclusión[37]). Además, el personal de seguridad debe estar capacitado para brindar un tratamiento adecuado a esta población.

De acuerdo con información obtenida a través del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016[38] de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la calificación promedio de los CRS femeniles[39] en la República es de 7.87. La Comisión ha manifestado su preocupación y ha emitido diversas recomendaciones relacionadas con la prevención y la atención de situaciones en las que se han detectado violaciones a los derechos humanos en contra de las mujeres. La CNDH también ha declarado que existen procedimientos insuficientes para la remisión de quejas de probables violaciones de derechos humanos. En cuanto a los CRS mixtos, la principal preocupación y recomendación recae sobre la separación entre hombres y mujeres.


V. Conclusiones

Desafortunadamente, la realidad de las mujeres privadas de libertad en México no ha sido favorecida por las diversas esferas, ya sea política, social o jurídica. Los estándares de derechos humanos que se ha buscado implementar en los Centros de Reinserción social y en los juicios no tienen perspectiva de género, así como tampoco las evaluaciones que se hacen a los centros.

Por otro lado, existe una fuerte criminalización en contra de las mujeres en situación de reclusión, independientemente de que se les haya comprobado o no su participación en la conducta delictiva, que las coloca en una situación de gran abandono debido a que transgreden el estereotipo de pasividad y de rectitud que la sociedad les impone.  Cuando criminalizamos y nos olvidamos de este grupo de mujeres, nos olvidamos también de una parte fundamental de las luchas por la equidad[40], igualdad[41] y paridad[42] de género.

Las mujeres merecemos vivir en condiciones que nos permitan ejercer nuestro derecho a la libertad sin sentirnos amenazadas al no cumplir con los estereotipos tradicionales. Aún hay mucho que trabajar para que podamos gozar de la igualdad que por muchos años hemos buscado, para que podamos equivocarnos y no seamos juzgadas de manera arbitraria por ello, para que caminemos libremente sin temor a vernos envueltas en alguna de las situaciones descritas, porque a cualquiera podría ocurrirnos: a usted, a ella o a mí.

 

Notas:

[1] Artículo 18, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el DOF el 5 de febrero de 1917.

[2] Artículo 1º, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el DOF el 5 de febrero de 1917.

[3] Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Resolución aprobada por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. 24 periodo de sesiones. Viena. Publicado el 22 de mayo de 2015. Disponible en: https://goo.gl/J8acQY

[4] Regla 1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Publicado el 22 de mayo de 2015. Disponible en: https://goo.gl/J8acQY

[5] Reglas para el Tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes. Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 65° periodo de sesiones. Resolución 65/229. Publicado el 16 de marzo de 2011. Disponible en: https://goo.gl/zGiyzn

[6] Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 34/180. Publicado el 3 de septiembre de 1981.

[7] Ley Nacional de Ejecución Penal. LNEP. Resolución aprobada por el Congreso de la Unión. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016. México. Disponible en https://goo.gl/wNuSyU

[8]Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016. DNSP. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos. México. Disponible en: https://goo.gl/Ep4kGX

[9]Aguilar Arias, Adriana. et al., Gutiérrez Román José L.  “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca” en Gutiérrez Román José L. (coord.). Informe, México, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, 2017.

[10] Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPR), Cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, noviembre 2017. Consultado el 7 de diciembre de 2017. Disponible en: https://goo.gl/4FoW2z.

[11]Sentenciada/o: Calidad de la persona sometida a juicio que fue hallada culpable y con una resolución judicial firme.

[12] Procesada/o: calidad de la persona sometida a juicio, cuyo procedimiento sigue en curso o sin una resolución judicial firme.

[13] Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPR), Cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, noviembre 2017, página 3. Consultado el 7 de diciembre de 2017. Disponible en: https://goo.gl/4FoW2z.

[14] Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPR), Cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, noviembre 2017, página 5. Consultado el 7 de diciembre de 2017. Disponible en: https://goo.gl/4FoW2z.

[15]Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPR), Cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, noviembre 2014, página 3. Consultado el 8 de febrero de 2018. Disponible en: https://goo.gl/y1A2w4

[16] Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPR), Cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, noviembre 2017, página 3. Consultado el 7 de diciembre de 2017. Disponible en: https://goo.gl/4FoW2z.

[17] Legítima defensa: En defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, repela una agresión real, actual o inminente realizada sin derecho, siempre que exista la necesidad de la defensa, se utilicen medios racionales y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona que se defiende.

[18] Artículo 25, fracción 4ª, Código Penal para el Estado de Chiapas. Publicado en el DOF el 14 de marzo de 2007.

[19] Entrevista 1ª folio 66. Realizada por Asistencia Legal por los derechos Humanos (AsiLEGAL), en los estados de Chiapas y Oaxaca. Elaboradas en septiembre y octubre de 2016.

[20] Entrevista 2ª folio 59. Realizada por Asistencia Legal por los derechos Humanos (AsiLEGAL), en los estados de Chiapas y Oaxaca. Elaboradas en septiembre y octubre de 2016.

[21] Entrevista 3ª folio 180. Realizada por Asistencia Legal por los derechos Humanos (AsiLEGAL), en los estados de Chiapas y Oaxaca. Elaboradas en septiembre y octubre de 2016.

[22] CRS Femenil Aguascalientes, alberga 83 mujeres privadas de libertad.

[23] CRS Número 4 Femenil Tapachula, alberga 33 mujeres privadas de libertad.

[24] CERESO Estatal Femenil 1 y Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2, en total albergan 345 Mujeres privadas de libertad.

[25] Centro Femenil de Reinserción Social y el Centro Femenil de Readaptación Social (Tepepan), en total albergan mil 458 mujeres privadas de libertad.

[26] Centro Penitenciario Femenil Saltillo y el Centro Penitenciario Femenil Piedras Negras, en total albergan 99 mujeres privadas de libertad.

[27] C.P.R.S. Otumba y Penitenciaría Femenil Nezahualcóyotl, en total albergan 312 mujeres privadas de libertad.

[28] CRS Femenil, alberga 475 mujeres privadas de libertad.

[29] CRS Femenil Atlacholoaya, alberga 119 mujeres privadas de libertad.

[30] CRS Femenil. Tanivet, alberga 173 mujeres privadas de libertad.

[31] CERESO Femenil del Estado, alberga 104 mujeres privadas de libertad.

[32] CRS Nogales Femenil, alberga 90 mujeres privadas de libertad.

[33] CRS Femenil del Estado, alberga 16 mujeres privadas de libertad.

[34] CERESO Cieneguillas Femenil, alberga 92 mujeres privadas de libertad.

[35] Regla 11, fracción A, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Publicado el 22 de mayo de 2015. Disponible en: https://goo.gl/J8acQY

[36] Regla 5, de las Reglas para el Tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes. Publicado el 16 de marzo de 2011. Disponible en: https://goo.gl/zGiyzn

[37] Comentario de la Regla 6 parte 2,  de las Reglas para el Tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes. Publicado el 16 de marzo de 2011. Comentario expedido por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para el desarrollo de reglas complementarias específicas para el tratamiento de mujeres detenidas y sometidas a medidas privativas y no privativas de libertad. Realizado el 23 al 26 de noviembre de 2009. Disponible en: https://goo.gl/zGiyzn.

[38] Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016. DNSP. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos. México. Disponible en: https://goo.gl/Ep4kGX

[39] Se entiende como exclusivos para mujeres.

[40] Igualdad de género: principio constitucional que estipula que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley.

[41] Equidad de género: aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres, y la aceptación también de sus derechos, buscando  un equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en prejuicio del otro.

[42] Paridad de género: igualdad de representación de mujeres y hombres en un ámbito determinado.

Bibliografía

Aguilar Arias, Adriana. et al., Gutiérrez Román José L.  “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca” en Gutiérrez Román José L. (coord.). Informe, México, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, 2017.

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Entrevista folio 66. Realizada por Asistencia Legal por los derechos Humanos (AsiLEGAL), en los estados de Chiapas y Oaxaca. Elaboradas en septiembre y octubre de 2016.

Entrevista  folio 59. Realizada por Asistencia Legal por los derechos Humanos (AsiLEGAL), en los estados de Chiapas y Oaxaca. Elaboradas en septiembre y octubre de 2016.

Entrevista folio 180. Realizada por Asistencia Legal por los derechos Humanos (AsiLEGAL), en los estados de Chiapas y Oaxaca. Elaboradas en septiembre y octubre de 2016.

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