Judicializar la política, desafío del TEPJF

Santiago Nieto Castillo es doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM; entre sus publicaciones, destaca "Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral".

Entrevista a Santiago Nieto Castillo. Primera parte

[especial] | Adolfo Ulises León López y Carlos Erasmo Rodríguez Ramos

 

A diferencia de otros funcionarios y políticos a los que la opinión pública acuña motes por su grado de contubernio o displicencia, Santiago Nieto Castillo, más que por respeto a la Ley, se ganó el título de Fiscal Incómodo por su apego a la Constitución. Aunque cobró notoriedad tras ser destituido al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por la investigación del caso Odebrecht, en su trayectoria destacó también como asesor del Consejo General del IFE y como Magistrado Electoral de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de 2008 a 2013. Así, de cara al proceso electoral de 2018, el equipo de ESTEPARIO lo visitó en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y charlamos con él sobre los obstáculos a los que se enfrentan y los ajustes que se necesitan en la procuración e impartición de justicia en materia electoral.

Judicialización de la política y diseño del TEPJF

ESTEPARIO: De entre todos los órganos del Poder Judicial, el TEPJF y en particular la Sala Superior, es, quizá, el que más carece de legitimidad. Sus sentencias durante los procesos electorales de 2012 —por ejemplo, la nulidad de la elección presidencial—, de 2015 —las violaciones reiteradas del PVEM y su eventual pérdida de registro— de lo que va de 2018 —la revocación del Acuerdo INE/CG/338/2017, “Cancha pareja”, o el otorgamiento de registro como candidato independiente al Bronco— han sido duramente criticadas por toda clase de académicos. Plagadas de errores metodológicos, éstas, más que priorizar los principios democráticos o los derechos políticos de los ciudadanos, parecen inclinarse por los intereses y presiones de los partidos y de los gobernantes. ¿Qué anda mal en el Tribunal Electoral?

Santiago Nieto Castillo (SCN) —Es importante que avancemos en lo que se denomina la judicialización de la política y no en la politización de la justicia. Esta es la cuestión central y significa que el Estado constitucional de derecho es un Estado donde la Constitución es el punto más alto desde la perspectiva normativa: obliga a que los principios de ésta rijan la conducta social y puedan aplicarse directamente. Es decir, que no requieran necesariamente de leyes secundarias. Los principios constitucionales son orientadores de la interpretación de las reglas para todas autoridades. Los jueces electorales del Estado constitucional de derecho deben estar comprometidos con principios como la democracia, la soberanía, el ejercicio de los derechos fundamentales, la imparcialidad en el ejercicio del gasto público, el modelo de comunicación política. Al final del día, el juez tiene que reconocer estos principios como un aparato superior de validez, defenderlos y hacerlos efectivos en sus sentencias. De ese modo, las decisiones que en un principio eran de carácter político pasan a convertirse en decisiones jurídicas a través del ejercicio de la facultad jurisdiccional sea del TEPJF o de la SCJN. El modelo contrario, la politización de la justicia, es cuando los tribunales resuelven con algún interés de naturaleza política.

Al respecto, en su primera integración, de 1996 a 2006, el TEPJF se caracterizó por su vanguardia. Magistrados como Leonel Castillo González, Miguel Reyes Zapata o Martínez Porcayo fueron los primeros en aplicar tratados internacionales, en generar migración de criterios de cortes extranjeras y en hacer valer principios constitucionales. Además, ampliaron la procedencia del JDC [juicio para la protección de los derechos políticos electorales de ciudadano] en casos de violación de derechos fundamentales relacionados con lo electoral y cuando se afectan los derechos de la militancia partidista. La segunda integración se caracterizó por la defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Se cuestiona el carácter paternalista de la Sala pero creo que sirvió para romper los techos de cristal que existían en la representación política de las mujeres en México. La sentencia de “Las juanitas” es una de las más importantes.

En el contexto actual vemos una confrontación entre el INE, que aprueba una serie de acuerdos, y la Sala Superior, que los revisa y revoca. En este sentido, mi crítica metodológica a la Sala Superior es que pierde de vista su carácter de tribunal constitucional. Las sentencias que revocaron los acuerdos de “Cancha pareja” o el acuerdo de programas sociales, se hicieron bajo el argumento de que no había una ley secundaria del artículo 134 y, por tanto, el INE no podía desarrollar su facultad reglamentaria. Para mí, el cuestionamiento de esa sentencia es que subvierte el principio de constitucionalidad. Además, los acuerdos emitidos por el INE estaban relacionados con el párrafo séptimo, el que habla de imparcialidad del ejercicio de los recursos públicos, y no del párrafo octavo, relativo a la publicidad oficial (recientemente aprobada aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo). Así, la Sala, erróneamente, considera que, como está pendiente la aprobación de una ley del párrafo octavo, todo el artículo 134 no se aplique. Si uno de los fines del INE es velar por la autenticidad del sufragio, está facultado para generar acuerdos y reglamentos que eviten la compra de votos o el condicionamientos de programas sociales.

ESTEPARIO: ¿Qué ajustes se requieren en el diseño del TEPJF?

SNC: Lo primero es que el cargo de Magistrado Electoral tendría que ser un cargo terminal. Si alguien es Magistrado de Sala Superior ese debe ser el último espacio de su desarrollo profesional. Como lo estamos viendo, la crítica a muchos magistrados —de la anterior integración y de la actual— es que, por el deseo de ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelven a favor del aparato gubernamental y eso evidentemente deslegitima el sistema. Las resoluciones de esta integración son paradigmáticas al respecto: la sentencia del Bronco, la de “Tarjeta Rosa”, las relacionadas con los programas sociales, “Cancha pareja”, y en general con todos los acuerdos que había desarrollado el INE para tener elecciones más equitativas, el Tribunal Electoral los ha revocado y en gran medida se debe a este problema del diseño institucional. Si tuviéramos un mandato expreso que señalara que los magistrados de Sala Superior no pueden convertirse en ministros de la SCJN tendríamos un diseño que estaría mucho mejor blindado.

El cargo de Magistrado Electoral tendría que ser un cargo terminal

Sin embargo, creo que la forma en cómo un tribunal se legitima es con la argumentación de su sentencias. Ésta sería la parte que tendríamos que estar velando. Las sentencias se tienen que acatar pero es importante también que sean cuestionadas para efecto de elevar el nivel de exigencia de todas las autoridades, sobre todo en un proceso electoral tan complejo como el de 2018.

El juzgador

ESTEPARIO: Como Magistrado de la Sala Regional Toluca del TEPJF, usted resolvió anular elecciones en municipios de Hidalgo y Michoacán. ¿Cómo llegó a estas decisiones y sufrió algún tipo de presión por parte de los actores políticos?

SCN: En cuatro ocasiones ejercí la facultad de anular una elección. Dos las había ganado el PRD, una el PRI y otra el PVEM. Las cuatro fueron anuladas por la misma causal: la violación a principios constitucionales.

En el caso específico de Zimapán, en Michoacán, el día de la elección los ministros de culto hicieron proselitismo a favor del candidato del PRD. Utilizaron el lema de campaña de ese candidato, “Vota por la vida”, repartieron propaganda en la iglesia y fueron grabados. Se determinó que se actualizaba la determinancia cuantitativa por el número de personas presentes, más de mil personas en cada misa, y la determinancia cualitativa, violación a un principio constitucional. En Santiago Tulantepec, Hidalgo, también se vulneró el principio de separación iglesia-estado. En Huazalingo, Hidalgo, la nulidad se ocurrió por violación al artículo 134 constitucional. Desde la presidencia municipal de Huejutla, el PRD mandó programas sociales para apoyar a su candidato.

La función jurisdiccional se trata de que los juzgadores se respeten a sí mismos

En la elección de Morelia, Michoacán, se trató de una violación al modelo de comunicación política. Éste, tras la reforma de 2007, establece en la constitución que los particulares no pueden contratar tiempos en radio y televisión, y que no se pueden transmitir mensajes de naturaleza política desde el extranjero. En este caso, un día antes de la jornada electoral durante una pelea en las Vegas, Nevada, un pugilista utilizó un calzoncillo con un mensaje político y el logo del PRI. Éste fue un asunto realmente interesante. Sí recibí llamadas telefónicas después de la sesión previa y después de que ya habíamos bajado el expediente a la secretaría general. Lo que hice fue desconectar mi celular y pedirle a mi secretaria que no me pasara ningún tipo de llamadas de actores políticos que pretendían que cambiara mi criterio. La función jurisdiccional se trata de que los juzgadores se respeten a sí mismos, si ya tomaron una decisión deben mantenerse en ella.

La Sala Superior, por el contrario, validó la elección porque las violaciones ya habían sido sancionadas en lo individual y no eran determinantes. También hay que decirlo, la determinancia cuantitativa juega un papel importante cuando la elección es cerrada. En la elección para presidente municipal sólo teníamos mil votos de diferencia entre un candidato y otro; si la diferencia es muy grande ―piensen ustedes en los tres millones de votos de la elección de 2012 o los 50 mil en la propia elección para gobernador en Michoacán de 2011― van a encontrar que es difícil que se determine la nulidad de una elección cuando la distancia entre los contendientes es más grande.

ESTEPARIO :¿Al momento de resolver tiene preferencia por algún marco teórico?

SNC: No hay preposición unívoca dentro del derecho, tenemos varias premisas. Yo creo que en materia de Derechos Humanos el mejor mecanismo es evidentemente el garantismo; pero éste no nos dice qué hacer cuando colisionan derechos fundamentales, esto lo vamos a encontrar en Robert Alexy a través del ejercicio de ponderación, la fórmula del peso o la categorización de derechos. En lo particular, siempre me he decantado por el garantismo pero también entiendo que hay ciertas fricciones, por ejemplo, cuando choca un derecho fundamental con un principio: Zagrebelsky diría que habría que resolver a favor del principio; Ferrajoli, siempre a favor del derecho fundamental. Creo que hay que ver cada caso concreto; sin embargo, por regla general, el tribunal electoral tiene que ser garantista, proteger los derechos fundamentales y solamente en casos de excepción, los principios constitucionales podrían estar por encima de un derecho fundamental. 

Estepario.logo.E

 

 

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