FEPADE, el eslabón débil; y la agenda pendiente

Entrevista a Santiago Nieto Castillo. Segunda parte

[especial] | Adolfo Ulises León López y Carlos Erasmo Rodríguez Ramos

 

Dentro del trípode electoral —INE, parte administrativa; TEPJF, jurisdiccional, y FEPADE, procuración de justicia penal—, esta última continúa siendo la más débil. Desde su creación en 1994, se enfrenta a las dádivas presupuestarias y a la falta de autonomía: “Mientras el INE tiene 18 mil millones de pesos para su operación, la FEPADE tiene 60 millones. Como comparativo, el presupuesto para las modificaciones al edificio de los Consejeros del INE es exactamente el mismo del presupuesto de la Fiscalía”. Esto repercute también en los salarios de los Ministerios Públicos, “que ganan una cuarta parte de lo que gana un Juez de Distrito; esta disparidad afecta el sentimiento de pertenencia, la estabilidad de los cargos”.

Al día de hoy, el Procurador General de la República “es el encargado de designar a los directores generales de FEPADE y a sus Ministerios Públicos; si se portan mal, pueden quitarles su nombramiento o no renovárselos”. Además, el titular de FEPADE “no puede solicitar una facultad de atracción ante la SCJN”; tampoco puede solicitar asistencias jurídicas internacionales de manera directa, debe requerirlas a través de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales (SJAI), “esto lo hace depender de terceros para la investigación”. Y aunque desde 2014 hay una reforma constitucional para que la PGR transite a la Fiscalía General de la República, aún queda pendiente la aprobación de su ley secundaria.

En cuanto a la persecución e investigación de delitos, por un lado, el diseño de FEPADE pierde de vista quiénes son en realidad los sujetos infractores: “La PGR persigue gente que rompe la estructura básica de la sociedad —llámese delincuente habitual, pandillas, asociación delictuosa, delincuencia organizada —; FEPADE, en cambio, persigue a la gente que realmente tiene poder. Los que más cometen delitos electorales son los dirigentes partidistas, los candidatos y los funcionarios públicos. Por ello, el modelo debe ser diferenciado. No es lo mismo actuar contra alguien que tiene la estructura del poder a su favor que actuar contra alguien que está violando la ley de forma directa”. Por el otro, su diseño centralizado impide que se atiendan de manera directa los sitios donde se cometen los delitos electorales:La mayoría de éstos se cometen en las inmediaciones de las casillas, en los días previos a la jornada electoral y durante la jornada”. Para generar un modelo más eficaz, Santiago Nieto tenía la idea de “generar despliegues ministeriales en campo que permitieran patrullar las zonas para efecto de inhibir la comisión de conductas delictivas”.

Todo lo anterior, subraya Nieto Castillo, debe ser considerado para la reforma política de 2019. Lo contrario “es generar un estado de simulación. Yo soy de la idea de que más que perseguir a la persona pobre, que tramitó una credencial de elector con datos falsos o que le pagaron el cambio de domicilio por 500 o 200 pesos, se debe ir por los instigadores”.

EL FISCAL INCÓMODO

En su gestión frente a la FEPADE, Nieto Castillo logró reducir en un 57% el rezago en las averiguaciones previas y consiguió 239 sentencia condenatorias. Sin embargo, para conseguirlo, fue necesario un cambio en los delitos que se podían perseguir. De 1994 a 2014, el 92% de los asuntos de los cuales tenía conocimiento la Fiscalía estaban relacionados con la alteración al registro federal de electores.

SNC: Tuvimos una transición importante. En 2017 la nueva ley establece otros tipos penales y permite que se inicien carpetas de investigación en temas de financiamiento y compra y coacción del voto, a partir de una solicitud que puede desarrollar cualquier persona, no sólo un dirigente partidista o un servidor público. Esto genera que el 70% de los asuntos que tiene conocimiento la FEPADE ya estén relacionados, en esta segunda etapa, con compra de votos, condicionamiento de programas sociales, y el 30% restante: alteración al registro federal de electores. Con este nuevo sistema los temas ya eran peculado electoral, condicionamiento de programas sociales, es decir, temas que estaban relacionados con conductas que realmente sí impactan en las elecciones.

De entre todos los asuntos que conoció, son tres los más relevantes. El de Arturo Escobar y Vega, Vocero Oficial del PVEM en el proceso electoral de 2015; de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y Odebrecht:

Santiago Nieto Castillo (SNC): Arturo Escobar era el vocero del Partido Verde Ecologista durante el año 2015. Él firmó varios contratos con varias empresas incluyendo una, Rabocse, que era la empresa de su hermano y además es Escobar escrito al revés. Desde mi punto de vista eso era violatorio del artículo 209 párrafo quinto de la LEGIPE que señala que queda estrictamente prohibido a los partidos políticos otorgar cualquier tipo de propaganda electoral en donde venga una promesa mediata o inmediata, directa o indirecta, en dinero o en especie. El Verde Ecologista promocionaba unas tarjetas que se llamaban Premium Platino. La recepción era por parte de las empresas pero el uso era ilícito por parte del partido político, en particular de Arturo Escobar, que era el que firmaba los contratos.

De hecho, desde mi lectura, la tarjeta “avanzar contigo” de José Antonio Meade y la “tarjeta rosa” son ilícitas. El Tribunal Electoral dijo otra cosa pero desde mi punto de vista está prohibido.

Como arquetipo del político mexicano, el caso de Escobar y Vega no podía dejar de ser el ejemplo de cómo ciertas resoluciones de los tribunales, por lo extraño de su proceder, resultan cuando menos sospechosas.

SNC: Nosotros ejercimos la acción penal y solicitamos que se librara una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar. Lo ordinario hubiera sido que nos hubieran concedido la orden y en un juicio de amparo en contra de ella se hubiera planteado la inconstitucionalidad del artículo. Aquí lo extraño es que la juez motu proprio hace un control de constitucionalidad, no en una sentencia, sino en el libramiento de la orden de aprehensión. Es algo atípico, algo que nunca me había tocado ver. Los jueces tienen facultad de control de constitucionalidad y de convencionalidad pero la Corte ha dicho que debe ser siguiendo las reglas procesales. Sin embargo, lo que hace la jueza es analizar la inconstitucionalidad en un momento procesal que no era el idóneo.

En el tiempo en el que estuvo al frente de la Fiscalía, a Santiago Nieto tuvo que abordar algunos de los escándalos de corrupción más importantes del sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque en el caso de Javier Duarte la extradición no pudo hacerse porque el delito electoral no existía en Guatemala, en el caso de César Duarte la investigación avanzaba por buen camino.

SNC: César Duarte fue un caso muy interesante porque era un desvío de recursos. Lo que hacía era que entre un 5 o 10% de los salarios de todos los trabajadores del gobierno del estado de Chihuahua se quedaban en una cuenta concentradora en la Secretaría de Hacienda. Esa cuenta expedía un cheque de forma mensual que era depositado en una empresa particular la que a su vez sacaba el dinero en efectivo para entregárselo al secretario de finanzas del PRI en Chihuahua. Pudimos localizar 79 millones de pesos en esas transferencias. Estábamos teniendo una segunda investigación que iba sobre 400 millones de pesos en las juntas de agua potable en Chihuahua y Ciudad Juárez que desafortunadamente se vio interrumpido cuando vino mi remoción.

El financiamiento ilícito

La importancia de estos casos radica en que las prácticas de financiamiento ilícito son bastante comunes. Sobre todo se da en dos modelos: retención de salarios y empresas fantasma.

SCN: Hay distintos modelos. Chihuahua y Coahuila eran detención de salarios. Se concentraba en una cuenta y de ahí se sacaba a través de cheques. Quintana Roo, Chihuahua, Veracruz y Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, el modelo era de empresas fantasma. En esos cuatro casos, en los meses de la campaña electoral, los gobiernos de los estados contrataron con empresas que tenían sus domicilios fiscales en una bodega abandonada o en una colonia popular. Sus accionistas eran un velador, un chofer, etcétera. Eran contrataciones por servicios de asesoría que oscilaban entre los 20 o 30 millones. Había una contratación muy importante que se daba en campañas electorales Este modelo es una dinámica de operación que se desarrolló durante 2016 y 2017. El Banco de México calcula que circula 6 veces más efectivo, en el mismo estado, cuando hay campaña electoral respecto de cuando no la hay. Eso significa que el dinero se va a las campañas.

El gran problema es la fiscalización de los partidos políticos y eso hace que surjan preguntas sobre la pertinencia del proceso que sigue el Instituto Nacional Electoral.

Yo creo que funciona de forma adecuada. Lo que necesita el INE es tiempo. Va tener que fiscalizar recursos de 3800 elecciones a nivel nacional y va a tener 45 días para hacerlo. En realidad es muy poco tiempo. Por ejemplo, once estados gobernados por el PRI tenían el problema de la retención de salarios. En 2017 hubo cuatro entidades federativas con elecciones. En el Estado de México el problema fue la “tarjeta rosa” pero también el peculado electoral. En el Estado de Coahuila fue la retención de salarios. En Veracruz, hubo actos de intimidación a los electores. En Nayarit, hubo un candidato con recursos de dudosa procedencia. Aunque faltó desarrollar la investigación, era un candidato que regalaba televisiones y refrigeradores, lo cual es anormal en una campaña a ese nivel. Es un problema trascendental y transversal que envuelve a todos los partidos.

Caso Odebrecht

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer información sobre los sobornos que la compañía Odebrech, de origen brasileño, hizo a funcionarios públicos de todos los niveles en países de Latinoamérica y África, incluyendo a México.

SNC: Todo inicia con las declaraciones de 5 funcionarios de Odebrecht, incluyendo a Roberto y a Marcelo Odebrecht, que señalan que hubo pagos del año 2010 al 2016 al señor Emilio Lozoya. En el mes de agosto se hace pública la parte de la declaración de Marcelo Odebrecht donde dice que parte del dinero era para la campaña presidencial de 2012. A partir de ese momento nosotros iniciamos la carpeta de investigación de oficio. Lo que hacemos es pedir la información a “Mexicanos contra la corrupción”, pues ellos ya habían aportado elementos a la otra carpeta de investigación, y se solicita asistencia jurídica internacional a Brasil, para conocer de los depósitos, y a Suiza, pues el dinero estaba en cuentas de ese país. También hicimos una solicitud a islas vírgenes británicas.

Después de 2014, los depósitos se hacen en Mónaco y en Liechtenstein a partir de una empresa cuyo dueño es el despachador de una gasolinera. Reciben 16 millones de dólares en varias aportaciones. Esa empresa está relacionada con contrataciones que se hacen en Pemex y lo que sucedía es que se pagaban los sobornos para que después Pemex diera contratos a Odebrecht en la etapa en que Emilio Lozoya era director general.

Nosotros estábamos solicitando la investigación, íbamos por 16 millones de dólares pero pensamos que eran más pues había 4 contratos y nosotros ya habíamos localizado 42 contratos entre Pemex y Odebrecht.

La relevancia del caso Odebrecht recae en que, lejos de ser un fenómeno nacional, se dio en varios países.

SNC: Creo que este caso es paradigmático porque Odebrecht fue un modelo regional. Compró sus contrataciones a partir de pagos para las campañas electorales en varios Estados: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, El Salvador y México. Hasta este momento no se ha continuado con las investigaciones. El doctor Raúl Cervantes cuando deja la PGR dice entre otras cosas que ya terminó la investigación más importante de corrupción en América Latina. Ya pasaron 6 meses de eso y no ha pasado nada. En mi caso, que yo dejo FEPADE, tampoco se ha avanzado más en la investigación.

Es importante averiguar cómo operaba Odebrecht en México y si estaba relacionada con otras prácticas de financiamiento ilícito, como en el caso de Monex.

SNC: No teníamos desarrollada esa línea de investigación. Monex y Soriana generaron esta reforma en 2014 que prohibió la entrega de tarjetas en el artículo 209 al que me refería hace un momento. ¿Cómo funcionaba Odebrecht? Buscaba hacer pagos en cuentas en el extranjero a servidores públicos que aceptaban los sobornos. Parte de este dinero después era transferido para el pago en efectivo para operadores políticos o propaganda electoral. Todo esto sin ser reportado al INE.

La gran enseñanza de este caso es que termina mostrándonos como nuestras democracias latinoamericanas resultaron ser igual de corruptas que los sistemas dictatoriales que se han dado en la región. Lo importante es que solamente México y Venezuela son los únicos dos pasos en donde no se ha procedido en contra de nadie desde la óptica penal. La Secretaría de la Función Pública ya sancionó a Odebrecht México para que no pueda tener contrataciones. La empresa promovió un amparo en contra de esta resolución.

La reforma que viene

SCN: En cuanto a la centralización, soy de la idea de regresar al modelo anterior donde las entidades federativas tenían institutos electorales más autónomos y menos dirigido por el INE. Existe la postura contraria en donde toda la materia electoral debe ser de orden federal. Otro tema es que algunos delitos electorales, como el peculado electoral o cuando hay como medio comitivo la corrupción de funcionarios públicos, sean delitos de prisión preventiva oficiosa.

En cuando al modelo de comunicación política hay que terminar con la spotización. El tener 48 minutos en radio y televisión con spots de 20 segundos no ayuda en nada a la discusión pública. Sería mejor concentrar los tiempos para que tuvieran cápsulas de más o menos 5 minutos que pudieran darnos algo con más contenido que lo que actualmente tenemos. Un punto importante son las redes sociales. La elección se va a definir por ellas en gran medida. Los posdebates se ganan en redes sociales y no tenemos ninguna normatividad al respecto.

Al final del día, el gran tema pendiente es el del financiamiento a los partidos políticos.

SNC: A mí me gusta el modelo actual. El financiamiento público ayuda a generar un mejor control sobre los partidos políticos. La relación entre dinero y elecciones es una de las más complicadas en las democracias occidentales. Al final del día el que tiene dinero para financiar una campaña termina mandando en ella. Lo importante es quién va a financiar. Hemos tenidos candidatos presuntamente financiados por el crimen organizado. Tenemos candidatos independientes financiados por grupos empresariales. Es importante que eso lo podamos revisar. La única forma de mantener una equidad en la contienda electoral y evitar que entren recursos ilícitos a las campañas es a partir del financiamiento público. Uno de los temas va a ser como generar condiciones para mejorar los sistemas de rendición de cuentas y de transparencia al interior de los partidos.

Estepario.logo.E

 

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